En Guerrero, los policías municipales acreditaron exámenes, medio millón de ciudadanos estaban en sus manos.
México, 21 de octubre de 2014.- Los casi 600 agentes municipales de Guerrero congelados y desarmados por presuntos nexos con el crimen organizado, ya habían sido sometidos en su mayoría a los exámenes de control de confianza de acuerdo con los datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dichos policías eran responsables, en teoría, del cuidado de más de medio millón de guerrerenses que viven en 14 municipios. En proporción, 1 de cada 6 habitantes del estado tenía como policía de su barrio a uno de estos agentes “confiables” que ahora son señalados de posible complicidad con el hampa.
El último corte oficial sobre las evaluaciones, correspondiente al pasado 30 de septiembre y publicado por el SESNSP en su página de internet, muestra que Guerrero tiene más de 91% de sus policías evaluados, y de acuerdo con autoridades consultadas, actualmente el procedimiento está concluido.
La ley marca que los policías que no superaron los exámenes deben ser dados de baja inmediatamente. Los agentes que hasta este fin de semana operaban en los municipios intervenidos, continuaban laborando normalmente, lo que advierte que no tuvieron problemas en sus evaluaciones.
Pero de acuerdo con los datos que ha ido recabando el gabinete de seguridad, los policías “confiables” colaboraban con el crimen organizado. Por lo menos, en el caso de Iguala y Cocula se ha verificado su participación en el homicidio y secuestro de estudiantes normalistas.
El problema, como han advertido organismos ciudadanos, es que no es una instancia neutral la que certifica a los agentes. En Guerrero, como en todos los estados, la evaluación de los policías preventivos está a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza estatal. La dotación de recursos económicos federales está condicionada a cumplir con los exámenes, no a la calidad de las pruebas.
Medio millón en riesgo
De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, en los 14 municipios guerrerenses en donde la Policía Federal asumió la seguridad viven aproximadamente 525 mil personas.
Se trata de habitantes de municipios de las regiones conocidas como Tierra Caliente y Norte del estado, punto neurálgico en la conexión entre el centro del país, con occidente y la costa del pacífico.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, advirtió desde la semana pasada la necesidad de alojar en una instancia autónoma la responsabilidad de realizar los exámenes de control de confianza y que no sean las mismas entidades las que lo realicen, pues eso pone en riesgo la calidad y autonomía de las pruebas.
El senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, también consideró incompleto el mecanismo de evaluación. Reiteró su desacuerdo en que se use al polígrafo solo como referente, y subrayó que todo el procedimiento debe endurecerse.
Señalan anomalías durante exhumación
Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizaron un “mal procedimiento” en la exhumación de cadáveres de las fosas clandestinas encontradas en Iguala, lo que retrasa las investigaciones en torno al caso, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Organismos civiles y familiares de los 43 desaparecidos tuvieron una reunión con los titulares de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación . Rosales, con base en lo explicado por el procurador Jesús Murillo, afirmó que: “La información que tenemos es que se hizo un mal procedimiento de la exhumación de cuerpos por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado y de los órganos estatales que intervinieron”. (Diario 24 Horas)