Las cárceles municipales con más quejas

La lista la encabezan Progreso, Kanasín y Mérida: CODHEY

Mérida, Yucatán, 6 de diciembre de 2018.- Las cárceles municipales de Yucatán continúan presentando serias deficiencias y carencias que violentan los derechos humanos de las personas detenidas sin que alguna autoridad haga algo al respecto; los centros de detención de Progreso, Kanasín y Mérida son las que más quejas tienen, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

En su mayoría, son cuartos hacinados e insalubres, de 3 x 2 metros cuadrados, a la fuerza caben hasta 15 personas, y se encuentra ubicadas con frecuencia en los patios de los palacios municipales. Muchas de estas prisiones no son más que dormitorios pestilentes con bacines de metal que rebosan de excremento, en donde no sólo salen olores desagradables sino también cucarachas que habitan en un ecosistema de suciedad.

A pesar de las denuncias, estos “infiernos chiquitos” no se regulan, gracias a la falta de voluntad de las autoridades y a la poca presión que ejercen las organizaciones defensoras de derechos humanos. Así lo demuestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, que califica a Yucatán con 6.8 puntos de una escala de 10.

Diversos organismos locales, y nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han denunciado que los centros penitenciarios de los municipios son los que se llevan la más baja calificación con un promedio nacional de 3.9. Le siguen con 6.2 puntos los centros estatales, con 7.2 los penales federales y con 7.9 las prisiones militares en la misma evaluación.

En el caso de Yucatán, la cárcel que más quejas ha recibido por violentar los derechos humanos es la de Progreso con 36 casos, seguido por Kanasín con 22, Mérida con 12, Izamal y Tekax con 11, Hoctún con 10, Tizimín con 8, Umán con 7, Hunucmá y Motul con 6, y Tixkokob con 3, según datos proporcionados por la Codhey.

El Secretario Ejecutivo y encargado de la Presidencia de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana exhortó en abril a las autoridades municipales a cumplir con lo señalado en la Recomendación a fin de garantizar la seguridad y dignidad de las personas detenidas. Casi 5 meses despues ningún presidente municipal ha declarado al respecto.

Pero el tema del mal estado de las cárceles, no sólo se limita a las condiciones físicas del inmueble sino que además va ligado estrechamente con las detenciones arbitrarias por parte de los policías municipales, tal y como documentó Grupo Indignación en mayo de este año.

El sábado 19 de mayo fue detenido José Nery por policías municipales de Teabo y fue detenido en la cárcel municipal. Al poco tiempo de la detención los policías municipales, de acuerdo con testimonios de los familiares, fueron a avisar a la esposa que su marido se había suicidado en circunstancias sospechosas.

En Temax, también en mayo pero de 2016, un hombre que fue golpeado por la policía después de ser detenido murió y la autopsia determinó “parasitosis”.

En Tekax, también en 2016, un policía filmó un acto de tortura contra un detenido, lo difundió y fue a su vez torturado. El Congreso del Estado, en esa ocasión, se negó a citar a alcalde.

Según propios números de la Codhey,  se constató que el 73 por ciento de las cárceles municipales no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos ni con los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

El Coordinador de Defensa del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19,  Luis Eduardo Knapp Moreno coincidió con los recientes problemas, y advirtió que los policías municipales y estatales son los principales violadores de derechos de humanos en Yucatán.

Al respecto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panazi, relató que Yucatán “no hay una sola persona experta” que pueda aplicar el Protocolo de Estambul, formato que debe llenar expertos de medicina y psicología para determinar si una persona fue torturada.

Reconoció que si bien Yucatán no es un foco rojo de grandes violaciones de derechos humanos, ha conocido de casos como de José Adrián, un niño maya de 14 años que fue detenido arbitrariamente y torturado por la policía municipal de X´can hace tres años, y a la fecha en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay ningún elemento probatorio en su contra. En días pasados presentaron 5 mil 700 firmas de todo el mundo al Gobierno del Estado de Yucatán encabezado por Mauricio Vila Dosal, para que se de continuidad a la carpeta de investigación en contra de las autoridades que resulten responsables.

“Es verdad no tenemos estas macro-noticias sobre la violación de derechos humanos, pero si vemos aparentemente estas micro-experiencias que están marcando una pauta preocupante que requiere fortalecer a la FGE y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey)”, recalcó Tania Reneaum.

El estado debería poner todo su empeño y recursos para resolver el grave problema de impunidad y violación de derechos humanos, estamos ante una crisis profunda en donde 25 países han externado su preocupación sobre la falta de garantías que hay en México, sentenció la titular de Amnistía Internacional México. (Javier Escalante Rosado)