Reciben controversia por ley de seguridad

La Suprema Corte admite el recurso presentado por el municipio de Cholula; por ahora no se suspende la ley

Ciudad de México, 16 de enero de 2018.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual se mantiene vigente, pues no se concedió la suspensión de la misma.

En el acuerdo de admisión, el ministro Jorge Pardo Rebolledo emplazó al Presidente y al Congreso a enviar los respectivos informes justificados sobre la LSI y responder la demanda del municipio.

“Con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, empláceseles para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente día al que surta efectos la notificación”, dispone el acuerdo.

El acuerdo de admisión se publicó ayer, donde se detalla la solicitud de suspensión; la medida cautelar requerida no está relacionada con la norma general impugnada y, por tanto, no se resolvió favorablemente la solicitud.

Con la admisión a trámite se abre la etapa de instrucción del juicio, en el que se analizará la constitucionalidad de la ley impugnada, que entró en vigor mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y que, de acuerdo con el municipio demandante, violenta de manera flagrante su autonomía.

“Se requiere al Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores, para que, al dar contestación a la demanda, envíen a esta SCJN copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada; y al Poder Ejecutivo Federal para que, en el mismo plazo, exhiba un ejemplar del periódico oficial en donde conste su publicación, apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”, señala.

Se espera que esta semana el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así como diputados y senadores presenten ante la Corte diversas acciones de inconstitucionalidad contra la LSI.