El Estado debe permitir que indígenas tomen decisiones libres e informadas: Amnistía
Mérida, Yucatán, 17 de noviembre de 2017.- La directora de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi declaró que Yucatán encabeza en el país el problema de que empresas privadas se están quedando con tierras y territorios del pueblo maya que tienen un valor sagrado e histórico, y que no se les hace valer su derecho a defenderlas a través de decisiones libres e informadas.
Dijo que no se puede pensar que sólo es una violación y abuso por parte de las compañías, pues cuando el Estado lo permite “se hace visible una omisión importante” que afecta a las comunidades indígenas.
“La debilidad del Estado de permitir que ocurran (esos despojos) se conjuga con los probables beneficios que se adquiere de manera irregular para quienes operan las entidades federativas”, criticó.
Por tal razón, sostuvo Reneaum Panszi, uno de los desafíos más importante en cuanto a derechos humanos en Yucatán es la defensa de sus tierras y territorios, “porque sabemos que las multinacionales se hacen propietarios de aquellas que pueden tener un valor sagrado e histórico para el pueblo maya”.
Entrevistada en Mérida, dijo que un ejemplo de esta situación es lo que está pasando con los proyectos privados de parques eólico y solares que se están instalando en extensos territorios de comunidades indígenas de la entidad.
Indicó que los pobladores aceptan ceder sus terrenos porque viven en condiciones de pobreza, o porque caen ante negociaciones desproporcionadas que plantea el poder económico y político.
“Las comunidades indígenas pueden estar organizadas, pero hay un poder económico y político que los presiona, por lo que no estoy segura que haya una decisión libre e informada cuando venden o rentan sus tierras”, agregó la directora de Amnistía en México.
Declaró que se tiene que trabajar en las comunidades mayas para que cuenten con el derecho de tomar decisiones de manera libre e informada en cuanto al futuro de sus tierras y territorios, y sobre posibles consecuencias sociales y ambientales. Y eso implica un deber del Estado para que tengan un real acceso a esa información, agregó.
En ese sentido, criticó que las consultas públicas indígenas en el sureste -y en varias entidades del país- en ocasiones se hacen de manera simulada, en beneficio de las empresas que se quieren adueñar de sus terrenos.
“Las consultas suelen hacerse una vez que el proyecto ha arrancado totalmente o concesionado, por lo que sólo se hacen como una mera formalidad de cumplir con un requisito de derechos humanos, pero no se cumple la protección de las personas que viven en el territorio”, recalcó.
Durante su participación en las IV Jornadas de Derechos Humanos, Reneaum Panszi sostuvo que otro desafío en Yucatán es acabar con la brecha que existe entre las comunidades mayas y la gente que vive en espacios urbanos, pues los primeros enfrentan serios problemas en temas de acceso a la educación y a la salud, y en sus derechos económicos, sociales y culturales. (Herbeth Escalante)