No habrá «blindaje» político para quienes cometieron excesos o desvíos, asegura Contralora Estatal
Mérida, Yucatán, 17 de noviembre de 2018.- La Contralora General del Estado Lizbeth Basto Avilés, aseguró que las instrucciones del gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal, es que no habrán concesiones o «blindaje político» contra quienes cometieron excesos, abusos o desvíos de recursos en sus funciones dentro del servicio público y anticipó que en los casos que se logre sustentar las faltas se presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además dijo que en una rápida revisión encontraron que la Contraloría estatal no procedió legalmente en contra de servidores públicos o dependencias del gobierno del Estado en 216 casos en los que lo ameritaba que y que datan del sexenio 2007-20012 y 2012-2018, respectivamente. En esos casos, el gobierno del Estado actual no podrá hacer nada porque ya se pasó el límite que por ley se establece para proceder penal y legalmente.
Pero en cuanto a la recepción de las oficinas o dependencias estatales que recibieron del gobierno anterior de Rolando Zapata Bello, manifestó que la próxima semana iniciarán una serie de despachos externos auditorias para determinar casos en los que proceda investigar más a fondo por si hubiera faltantes, dudas sobre disposición de recursos, bienes muebles, entre otros.
Basto Avilés manifestó que la Contraloría estatal está colaborando con las diferentes dependencias estatales pero finalmente quienes tendrían que proceder -si encontraron casos de posible corrupción- sería los nuevos titulares de cada una de esas oficinas, ya que la misma dependencia a su cargo no tiene facultades para castigar e imponer sanciones, excepto en los casos de declaración patrimonial de los servidores públicos.
La funcionaria declaró a Desde el Balcón que aunque ya pasó el plazo de 30 días para hacer observaciones sobre la entrega-recepción de oficinas esto no exenta a los ex titulares que si surgieran más dudas puedan ser convocados para esclarecer datos o diferentes asuntos relacionados con su encargo.
Basto Avilés manifestó que sin que sea algo anormal o fuera de lo establecido por la ley, la instrucción del gobernador Vila es revisar bien lo que se recepcionó y si hay dudas o sospechas de malos manejos proceder conforme a la ley; «No hay blindaje político» ni concesiones de ningún tipo para los casos de ex funcionarios que hayan incurrido en irregularidades, faltas o presuntos malos manejos de recursos y programas públicos.
De acuerdo a la funcionaria, con los elementos a su alcance y las mismas auditorias externas, podrán determinar casos donde se ameritará presentar denuncias o convocar a los ex funcionarios para que aclaren dónde quedaron recursos o bienes muebles. Dos casos de la estructura del gobierno del Estado, llevarán mucho más tiempo revisar, la SEGEY y el ISSTEY que tiene deudas acumuladas de las cuotas de los trabajadores del mismo gobierno del Estado.
Para empezar se solicitó un peritaje de los terrenos de Ucú, que el gobierno del Estado anterior, dejó en garantía por la falta del pago de cuotas de la burocracia estatal pero lo que ahora se ha visto es que la situación está delicada pues para el año 2020, la institución ya no tendría recursos para pagar las pensiones generadas desde años atrás y las que se están acumulando en el presente. (Yazmín Rodríguez Galaz)