Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta del gobierno mexicano ante la tragedia humanitaria de los menores migrantes ha sido insuficiente.
México, 19 de agosto de 2014.- Los migrantes en México están en una situación de extrema vulnerabilidad y esto representa una de las principales “tragedias humanitarias” de la región, señaló la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Felipe González, relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, señaló además que la respuesta del gobierno mexicano para resolver este problema ha sido insuficiente, pero además contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, pues lejos de brindarles protección, los criminaliza.
Como consecuencia de ello, resaltó, el fenómeno en lugar de tener una disminución, se ha agravado sin que el Estado haya adoptado una política integral en materia de protección a los migrantes.
Al presentar el informe Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, el experto indicó que en nuestro país se abusa de la detención de migrantes en estaciones migratorias, y que agentes migratorios y policía de todos los niveles cometen a menudo abusos de autoridad en su contra.
En relación con la niñez migrante dijo que éstos requieren de protección internacional dado el estado de vulnerabilidad en el que están y los motivos por los que se ven orillados a abandonar sus países, pero en México no la encuentran, y por el contrario, son detenidos.
Respecto a la situación de los menores migrantes no acompañados, el experto manifestó que ellos se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad debido a que pueden ser víctimas de delitos y abusos durante su tránsito por México.
Indicó que estos niños requieren especial protección puesto que huyen de sus países por persecución, violencia, explotación, maltrato o abandono y la actitud del gobierno mexicano ha sido de manera frecuente su criminalización a través de la imposición de medidas como la detención en estaciones migratorias.
El informe fue elaborado luego de la visita que realizaron a nuestro país el relator y su equipo, del 25 de julio al 2 de agosto del 2011. En aquella ocasión recorrieron los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y el Distrito Federal,donde se entrevistaron con autoridades, representantes de organizaciones civiles y migrantes.
El relator explicó que después de esa visita, siguió solicitando información a las diferentes dependencias para poder tener un panorama más completo a este respecto.
En este reporte, la Comisión se dice profundamente preocupada por los reiterados reportes de que los migrantes en situación irregular, así como los solicitantes de asilo y refugiados, son víctimas de continuos abusos y actos de violencia, “los cuales son cometidos por organizaciones del crimen organizado, delincuentes comunes y agentes estatales mexicanos o mediante la aquiescencia, tolerancia u omisión de estos últimos”.
La organización recogió el testimonio de un migrante que aseguró que en el 2011 fue secuestrado junto con otras 200 personas en Coatzacoalcos y que en el trayecto asesinaron a 40 de ellas. “Nos llevaron a Reynosa, Tamaulipas. Me dieron 72 horas para que mi familia pagara 3 mil 800 dólares para que me liberaran, hasta que pude escapar (…)Lo denuncié pero nunca me respondieron si investigaron”.
En el informe, la CIDH agregó que la fragilidad institucional, la corrupción de parte de agentes estatales, así como la impunidad que caracteriza a los delitos cometidos en contra de este sector de la población que atraviesa México han favorecido el accionar delictivo y las violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, en conferencia, el relator, Felipe González, señaló que la decisión del gobierno federal ante el crimen, mediante despliegues militares y la policía, ha recrudecido la violencia.
El experto resaltó que el acceso a la justicia es también materia pendiente, pues la mayor parte de los casos que llegan a ser denunciados están impunes.
“Uno de los graves problemas identificados por la Comisión consiste en que las investigaciones judiciales se han dirigido preferentemente a los delitos relativos al tráfico ilícito de migrantes, y no al problema más amplio y grave como es el de violencia y discriminación contra las personas migrantes. Esto redunda en que continúan en la impunidad muchos de los casos de extorsiones, robos, secuestros, trata de personas, asesinatos y desapariciones de las que son víctimas las personas migrantes”, agregó.
Detenerlo, es la regla
El relator indicó que en el momento en que las autoridades mexicanas entran en contacto con un migrante, solicitante de asilo, refugiado u otra persona en necesidad de protección internacional, la detención migratoria constituye la regla y no la excepción. También criticó que dicha retención se hace, además, en condiciones precarias.
Agregó que una vez que estas personas están en detención migratoria sus posibilidades de ser liberadas mientras se adelantan sus procedimientos migratorios son mínimas.
Por ello, es que urgió al gobierno mexicano a establecer una política específica para prevenir, perseguir y sancionar los delitos que se cometen contra esta población, pues recordó que el deber de todo Estado es brindarles protección. (El Universal)