215 funcionarios sancionados y 51 denunciados

SSP, SEGEY y el Ayuntamiento de Progreso las que más quejas recibieron por hechos violatorios a derechos humanos

Mérida, Yucatán, 27 de febrero de 2018.- Al rendir el informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEY), el encargado de este organismo autónomo, Óscar Sabido Santana señaló que 215 funcionarios públicos en Yucatán fueron sancionados, y 51 denunciados ante el Ministerio Público, por cometer, además de violaciones a derechos humanos,  hechos presuntamente delictivos.

Ante diputados del Congreso del Estado, el también secretario ejecutivo de la CODHEY informó que esos funcionarios fueron castigados a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goces de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos que les acusaron.

Durante su mensaje, dijo que registraron mil 446 hechos violatorios el año pasado, siendo los más recurrentes: 266 prestaciones indebidas del servicio público; 266 detenciones arbitrarias; 246 violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal; 90 amenaza, y 72 robos.

Además, 68 tratos crueles, inhumanos, o degradantes; 67 retenciones ilegales; 66 allanamientos de morada, 57 violaciones a los derechos de los niños, y 49 violaciones del derecho de los menores a que protejan su integridad física.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con 212; Secretaría de Educación (SEGEY), 29;  Ayuntamiento de Progreso, 27; la Fiscalía General del Estado, 22; Ayuntamiento de Kanasín, 15; Ayuntamiento de Izamal, 10; Ayuntamiento de Mérida, 8; Servicios de Salud de Yucatán, 8; Ayuntamiento de Seyé, 6 y Ayuntamiento de Tekax, 6.

El encargado informó que tras detectar hechos violatorios, la CODHEY emitió 33 recomendaciones especificas dirigidas a un total de 15 autoridades distintas, siendo las dependencias que más recomendaciones recibieron: la Policía Estatal con 8, la Fiscalía con 4 y la Secretaría de Salud con 2.

Llamó la atención que el alcalde de Progreso, José Cortés Góngora recibió 3 recomendaciones y el cabildo de Tekax 2.

Óscar Sabido recordó que en junio pasado la Codhey emitió una recomendación general, donde se exhorta a los ayuntamientos yucatecos a realizar las modificaciones urbanas necesarias para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en edificios públicos y otras instalaciones de uso público. Sin embargo, precisó, hasta el momento sólo 26 municipios la han aceptado, por tal razón exhortó a los 80 ayuntamientos restantes a cumplirla.

Con respecto a las supervisiones a cárceles municipales, dijo que se observó que el 70 por ciento  no cumplen con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, pues carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, no se les practica ninguna valoración médica, presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación, las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales, carecen de personal médico, entre otras.

Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron las de Tzucacab, Ticul, Abalá, Tecoh, Chacsinkín, Acanceh, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzán.

Asimismo, se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud ubicados en los diversos municipios de Yucatán, siendo los 10 centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, los ubicados en Sanahcat, Tunkás, Yobaín, Hocabá, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá, Emiliano Zapata (comisaría de Valladolid) y Tzucacab.

En un momento de su discurso, Sabido Santana reconoció el trabajo realizado por el ex ombudsman José Enrique Goff Ailloud en 2017, quien como se sabe, en noviembre pasado renunció al cargo para ser nombrado Vicefiscal Anticorrupción. El funcionario estaba presente en el recinto legislativo, por lo que recibió aplausos por parte de los asistentes cuando se refirió  a él.

Para finalizar, hizo un llamado a toda la sociedad, pero en especial a las autoridades públicas, a las que terminan y a las que habrán de comenzar una nueva administración, a lograr que en este 2018 “podamos hacer algo verdaderamente significativo en materia de Derechos Humanos, en especial acciones que beneficien y mejoren las condiciones y calidad de vida de quienes han estado y se encuentran históricamente en una situación de mayor desventaja social y económica”.

De hecho, Óscar Sabido convocó a las organizaciones civiles para que junto con este organismo establezcan un ejercicio en donde se planteen las problemáticas en derechos humanos en la entidad, para entregárselos a los partidos políticos que participarán en la próxima contienda electoral.

También precisó que un eje fundamental la agenda de trabajo de la CODHEY será diseñar un modelo de seguimiento de casos de violencia en contra de las mujeres, “situación que lacera y denigra a nuestra sociedad”. (Herbeth Escalante)