Las autoridades de salud se resisten a interrumpir legalmente el embarazo aún cuando el marco jurídico lo permite
Mérida, Yucatán, 1 de febrero de 2017.- El Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), informó que, a nivel nacional, se tiene registro de más de 70 mil denuncias por violación sexual a mujeres entre enero de 2009 y junio de 2016 -cifra obtenida a través de solicitudes a organismos de acceso a la información pública-, lo que contrasta con el número de aprobaciones para la interrupción legal del embarazo en ese mismo periodo, que fueron únicamente 62 -fuera de la Ciudad de México-.
También indicaron que Yucatán es uno de los estados con una alta tasa de denuncias por abuso sexual, pues se registraron de 80 a 113 denuncias por cada 100 mil habitantes, durante el mismo lapso.
Representantes de GIRE, Karen Luna Rodríguez Bueno y Rebeca Ramos Duarte, señalaron que ocho de cada diez personas que sufren violencia sexual en México son mujeres, de las cuales la mitad son menores de edad.
En ese sentido, dicho organismo presentó el informe ‘Violencia Sin Interrupción’, que consiste en un análisis de las legislaciones a nivel nacional en relación al acceso a la interrupción legal del embarazo por la causal de violación, así como el número de casos en los que las mujeres acceden a dicho servicio por cumplir con esta causal.
Explicaron que, a través de este análisis, GIRE busca ir de la mano con las autoridades de salud para que se aplique la Norma 046, la cual contempla que una mujer que fue víctima de violencia sexual, puede solicitar medicamentos de anticoncepción de emergencia –durante las 120 horas después de la agresión- a cualquier Centro médico sin necesidad de emitir alguna denuncia al Ministerio Público.
De igual manera, esta Norma indica que si la víctima de violación quedara embarazada, podrá solicitar que el mismo se interrumpa.
De no darse lo anterior, la organización por los derechos reproductivos, informaron que se pueden realizar amparos en caso de tener respuestas negativas por parte de las instituciones de salud para que tribunales federales resuelvan estos casos.
Por último, señalaron que el acceso a la interrupción legal del embarazo en el país aún es limitado, a pesar de ser reconocido en el marco jurídico nacional, lo que en muchas ocasiones obstaculiza los derechos a la salud de las mujeres y niñas. (Guillermo Castillo; Foto cortesía de GIRE)