Ejidatarios se dicen engañados por empresas que desarrollaron proyectos de granjas solares
Mérida, Yucatán, 5 de noviembre de 2019.- Ejidatarios de Ticul, Muna y Sacalum acusaron que las empresas Sun Power, Vega Solar 1 y Vega Solar 2, encargadas de los proyectos de granjas solares, han incurrido en diversas irregularidades para llevar a cabo estos proyectos.
En rueda de prensa, afirmaron que en el caso de los proyectos Ticul 1 y Ticul 2, se llevaron a cabo asambleas ejidales apócrifas mediante las cuales se estableció un convenio de arrendamiento con temporalidad de 30 años y se pagó un aproximado de 1.3 pesos por metro cuadrado de tierras, lo que deriva en 20 mil pesos por ejidatario y poco más de 4 millones de pesos por 362 hectáreas.
Además de esto, explicaron que fueron engañados, pues en un inicio les dijeron que en esas tierras serían para la siembra de limón y otras especies, sin embargo, meses después se enteraron que ahí se instalarían un millón 183 mil 500 paneles solares, en una superficie de 675 hectáreas, aunque calculan se deforesten mil hectáreas.
“No puede ser energía limpia si van a deforestar. Nosotros ya hemos interpuesto denuncias ante la CNDH, pues durante la defensa de nuestras tierras hemos recibido amenazas, además, también hemos ido a Semarnat, por el tema del impacto ambiental”.
Sobre la consulta pública, que presuntamente se debió llevar a cabo para conocer la opinión de la ciudadanía, los afectados explicaron que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ya declaró que “se incumplen con los estándares internacionales”.
Y es que, de acuerdo con la información que proporcionaron, durante dos años -desde 2017-, la ONU-DH envió especialistas a la comunidad de San José Tipceh, en el municipio de Muna, para asesorar a los pobladores sobre sus derechos, particularmente los de la consulta.
Los resultados arrojan que se llevaron a cabo contratos de arrendamiento entre la empresa y ejidatarios de la comunidad antes de que se celebrara la consulta y se hiciera oficial el consentimiento de los trabajos, además de que detectaron conflicto de intereses entre la comunidad.
Ante esta y otras irregularidades, la ONU-DH hizo recomendaciones a los actores involucrados: Sener, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y a las empresas encargadas de las construcciones, solicitando atiendan y solventen las irregularidades detectadas, así como que tomen en consideración la potencial afectación del proyecto.
Karen Clemente