La empresa que no terminó la obra exige más de 520 millones de pesos. Se sigue amparando, y demandó al Gobierno del Estado
Mérida, Yucatán, 31 de agosto del 2017.- El conflicto por el Hospital de Ticul inconcluso se complica, pues a más de dos años de que el Gobierno del Estado rescindió el contrato a la empresa que lo construía, Infraestructura Hospitalaria de la Península S.A.P.I de C.V., ésta se ha amparado en siete ocasiones e incluso ha interpuesto dos demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia.
La mencionada compañía, que pertenece al Grupo Marhnos, exige al Ejecutivo estatal 520 millones 232 mil 434 pesos en pago por la cancelación anticipada del contrato, por lo que realiza una serie de procesos jurídicos en contra de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).
Como se informó en Desde el Balcón, a mediados del 2015 el Gobierno del Estado canceló el contrato establecido con dicha empresa –que estaba bajo la modalidad del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)- para la edificación y operación del Hospital de segundo nivel de Ticul, debido a que la compañía no cumplió con los plazos para entregar la obra e iniciar la prestación de servicios.
La entrega del centro hospitalario estaba programada para el 15 de octubre del 2014 y el inicio de funciones para el 15 de enero del 2015, pero la empresa no cumplió.
De acuerdo a los Servicios de Salud, posterior a la cancelación del contrato, Infraestructura Hospitalaria de la Península ha establecido siete juicios de amparo en contra de la resolución, sin embargo, ninguna de las demandas ha prosperado.
De igual forma, la empresa exige el pago de 530 millones 232 mil 434 pesos más actualizaciones como pago por la rescisión del contrato.
El pasado 25 de abril, SSY emitió una resolución incidental en la que determinó que estaría dispuesto a pagarle 125 millones 51 mil 765 pesos de indemnización, pero la compañía lo impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán.
El Consejero Jurídico del Gobierno, Carlos Pavón Flores confirmó que esta última resolución fue impugnada por la compañía ante el Tribunal Administrativo. La notificación fue recibida hace 10 días por la Secretaría de Salud, y ésta tiene 15 días para contestar.
De manera paralela, la empresa ha interpuesto dos demandas arbitrales ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia. La primera fue desistida y la segunda se encuentra en trámite. Hasta ahora los Servicios de Salud de Yucatán no han aceptado la competencia de ningún Tribunal Arbitral.
Pavón Flores declaró que las autoridades estatales esperan que quede firme el tema de la rescisión. “Lo que se busca es no afectar a la empresa pero tampoco el interés de los ciudadanos, que quede bajo términos justos, que se pueda determinar cuál será la conclusión de ese inmueble y nosotros podamos darle una utilidad posterior”, puntualizó.
De acuerdo al consejero jurídico estatal, el proceso podría alargarse 6 meses más, tras los cuales se conocería el destino del inmueble. Si los magistrados le dan la razón a los SSY, y de realizarse el pago, las instalaciones inconclusas del centro hospitalario pasarían a ser propiedad estatal.
Cabe mencionar que la inversión proyectada para el Hospital de Ticul era de 5 mil 571 millones para pagar a 25 años, y se trataba de un proyecto de la administración de Ivonne Ortega Pacheco.
En su momento se firmó el contrato con la mencionada empresa bajo el esquema de PPS, es decir, que con recursos privados se levantaría la obra y la compañía se encargaría de su operación, mientras que el Ejecutivo le pagaría en un plazo establecido.
El Gobierno del Estado, durante la actual gestión, notificó formalmente a la empresa la recisión del contrato en el 2015, en virtud de no haber cumplido con la entrega de la obra y la prestación de los servicios en los plazos establecidos en el propio contrato y convenio modificatorio, una vez que éstos vencieron.
Por su parte, Infraestructura Hospitalaria de la Península ha asegurado que la cancelación del contrato es ilegal, porque el gobierno cambió las especificaciones de la obra, pero no las plasmó en un convenio modificatorio, lo que frenó el financiamiento bancario al hospital. (Lilia Balam)