Consideran esa iniciativa como «violadora» a la Constitución Política de México
Mérida, Yucatán, 2 de marzo de 2018.– Esta mañana el Juzgado Cuarto de Distrito admitió el amparo en contra de la Ley de Seguridad Interior que interpuso el “Colectivo Ciudadano”, conformado por 55 personas -entre académicos, profesores, amas de casa, empleadas domésticas, entre otros-, ya que consideran a la iniciativa como “violatoria” a la Constitución Política de México.
En rueda de prensa, el representante legal de ese colectivo, Baltazar Alejandre Canul explicó que dicho recurso fue interpuesto el pasado 1 de febrero, dentro del plazo de 30 días de la entrada en vigor de la Ley. Tras recibir 2 previsiones en las que el órgano jurídico solicitó pruebas y correcciones, fue notificada la admisión del recurso.
La representante del grupo, Sisely Burgos Cano, expresó que se organizaron porque les preocupa que las fuerzas militares intervengan en delitos civiles, patrullen en las calles y “vigilen nuestros perfiles sin notificarnos”.
Sostienen que la iniciativa “es violatoria” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 29 y particularmente del Capítulo 1 en los artículos 1, 6, 9 y 16, en los que se “legitima y perpetúa lo que discrecionalmente las fuerzas armadas ya venían haciendo desde hace 10 años, en un país donde ya tenemos más de 150 mil muertes y más de 30 mil desaparecidos como consecuencia de la falaz lucha contra el narcotráfico promovida por ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y continuada por Enrique Peña Nieto”.
De igual forma, los quejosos explicaron que según organizaciones civiles y expertos, la Ley “no tiene sustento jurídico”.
A su vez, Burgos Cano detalló que cuando las fuerzas militares intervienen en asuntos de seguridad el índice de fallecimientos es alto. “Cuando ha participado el Ejército el resultado es de 9.1 fallecidos por cada lesionado y cuando es la Marina, son 17.3 muertos por cada herido”, puntualizó.
La representante indicó que no se conformaron bajo el cobijo de ningún partido político aunque no descartó que existan acercamientos con alguno en el futuro. “Todo depende de lo que vaya ocurriendo con la demanda, vamos a seguir con las instituciones que la Constitución nos brinda y las vamos a agotar. Después veremos qué acciones tomaremos”, puntualizó.
Comentó que el objetivo por ahora es difundir la acción que llevó a cabo el colectivo para que la ciudadanía “tenga conciencia y tome acciones en otras acciones arbitrarias que vienen, como la ley de la privatización del agua”.
Finalmente reconoció que ese grupo no tenía conocimiento de que otras asociaciones en Yucatán promovieron acciones similares, como se ha informado en medios de circulación nacional y lamentó que otros ciudadanos no hayan interpuesto amparos dado que ese recursos solo “protegen a quienes los promueven”.
De acuerdo a Alejandre Canul, el próximo 12 de abril a las 10 horas se llevará a cabo una audiencia constitucional en la que se emitirá una resolución definitiva . Mientras tanto, el Juzgado ha requerido a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Marina y a la Presidencia de la República que presenten informes respecto a la Ley de Seguridad Interior. (Lilia Balam)