Tras la suspensión que consiguió la plataforma, el Ejecutivo ya presentó sus argumentos
Mérida, Yucatán, 9 de enero de 2018.- El Consejero Jurídico del Estado, Carlos Pavón Flores informó que el Gobierno del Estado ya presentó sus argumentos al Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica en respuesta al amparo promovido por la aplicación digital de transporte Uber referente a la ley de Transporte de Yucatán que regula este tipo de servicios.
Como se ha informado, el mes pasado la compañía consiguió “protegerse” al conseguir una suspensión definitiva contra esa legislación, que se aprobó 2016 en el Congreso del Estado para regular este tipo de plataformas de movilidad.
Uber recurrió al amparo ante ese Tribunal, luego que en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad que plantearon los diputados yucatecos del PAN y Morena.
De acuerdo a Pavón Flores, el caso fue listado para ser atendido y el Ejecutivo Estatal presentó argumentos “soportados para que el objetivo principal sea brindarle a la ciudadanía la mayor seguridad jurídica necesaria y seguridad personal a las personas que utilicen estos medios de plataformas digitales, no solo por el caso de Uber, cualquier plataforma que use este instrumento para trasladarse de un punto a otro”.
Este hecho permitió que la resolución se aplace un poco más, por lo que aún no está claro durante cuánto tiempo se desenvolverá el proceso.
“Va a llevar un tiempo, sin embargo todo depende de los ministros, de cómo quieren atender el tema. No hay un plazo definido, estamos buscando tener claridad en eso pero la autonomía del Tribunal lo estará manejando”, explicó el funcionario
Pavón Flores agregó que el Gobierno del Estado está a la espera de lo que mandaten las autoridades. “Somos muy respetuosos del marco jurídico”, sostuvo.
Por otro lado, detalló que por ahora la Ley de Transporte estatal no aplica para la empresa Uber, es decir, están suspendidos los procedimientos en cuanto a la “aplicación de la autoridad hacia los que vulneren la ley y hacia los que ya la vulneraron”, hasta que se dicte una resolución por parte de la autoridad competente. (Lilia Balam)