El Vicefiscal Junior Arellano recalcó que los casos de Xocchel, Hoctún y Sanahcat serán resueltos en esta administración
Mérida, Yucatán, 6 de septiembre del 2018.- El Vicefiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, Junior Ernesto Arellano Santana aseguró que “no habrá impunidad” en los delitos electorales de este año, ya que antes de que concluya la presente administración se formularán las imputaciones en contra de los presuntos responsables de haber interrumpido los procesos de escrutinio y cómputo durante la pasada jornada electoral en Xocchel y Sanahcat, además de que se resolverá el caso de Hoctún.
Como se recordará, el 1 de julio se registraron incidentes violentos en esas tres comunidades. De hecho, en Xocchel fueron quemadas boletas, por lo que se inició un proceso para determinar si se debían repetir los comicios o no en ese municipio. Finalmente, el Tribunal Electoral del Estado (TEEY) resolvió validar la elección en esa demarcación, otorgándole el triunfo a la perredista Leydi Castro Gamboa.
Sobre ese caso, Arellano Santana comunicó que el día de hoy fueron citadas 32 personas que estuvieron presentes en los hechos para que rindan sus declaraciones. De ese grupo, 12 son acusados de interrumpir los procesos de escrutinio y cómputo y de destruir boletas electorales, entre ellos servidores públicos y funcionarios de casilla.
El funcionario recalcó que el asunto “está pendiente y se está integrando”, por lo que se espera que antes de que concluya la presente administración se formulen las imputaciones contra los presuntos responsables. Quienes sean hallados culpables podrían recibir de 6 meses a 7 años de prisión, y si son servidores públicos o fueron funcionarios de casilla, la sanción podría aumentarse a un poco más de la mitad.
Añadió que la expectativa es que también sean imputados los acusados del caso de Sanahcat, donde también se reportaron incidentes violentos que obligaron a que el cómputo de las actas de elección se trasladara al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC). “Pensamos ejercer el proceso judicial antes de que termine el mes de septiembre”, puntualizó.
En cuanto a Hoctún, ya se han tomado las 17 declaraciones testimoniales y de los posibles acusados, con las cuales se resolverá si se continúa la investigación o se desecha.
Arellano Santana comentó que el delito más grave según la Ley General en Materia de Delitos Electorales es la utilización de recursos ilícitos en las campañas, cuya sanción asciende a los 15 años de cárcel. Sin embargo hasta ahora no se ha reportado tal crimen en la entidad.
Por otro lado, el vicefiscal señaló que el 70% de las 144 denuncias interpuestas –por acarreo de votantes, coacción al voto y utilización de credenciales de elector falsificadas-, durante el proceso electoral ya fueron resueltas, y que para cuando finalice el sexenio deben estar concluidas el 95%. Agregó que 13 casos de turismo electoral fueron turnados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). La mayoría se registraron en el interior del estado, solo un caso ocurrió en la capital yucateca.
Negó que el proceso electoral de este año haya sido más violento, ya que comparada con la cifra de votantes, la de quejas es mínima. Subrayó que “la gente acudió más a presentar las denuncias porque tuvieron más confianza para hacerlas”. (Lilia Balam)