El gobierno debe explicar cómo garantizará los derechos de los trabajadores del Isstey
Mérida, Yucatán, 11 de octubre de 2019.- El Gobierno del Estado debe explicar cómo garantizará los derechos de los trabajadores y no a señalar culpas sobre la “inminente quiebra” del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), señaló el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Entrevistado al respecto, el legislador yucateco dijo que no descarta que se hayan cometido errores, infracciones o delitos, sin embargo, emplazó al Ejecutivo a demostrar la mala situación financiera del organismo y seguir el proceso correspondiente para, en su caso, fincar responsabilidades.
“Se deben alejar de las explicaciones o declaraciones fáciles e ir directo a las soluciones, por difíciles que sean. Insisto, lo que el Gobierno tendría que hacer es salir de solo culpar a los de atrás, sino buscar garantizar los derechos de los trabajadores”, enfatizó.
Fue a inicio de este mes, cuando el gobierno encabezado por Mauricio Vila dio a conocer que el ISSTEY, se encuentra “sin viabilidad financiera: está prácticamente en quiebra”. Mediante un comunicado de prensa explicaron que “este esquema heredado de administraciones anteriores, la quiebra total se registrará en 2021, poniendo en gravísimo riesgo las prestaciones de los trabajadores, jubilados y pensionados”, por lo que explicaron, se debían tomar medidas contundentes para evitar este colapso.
Esta información se dio a conocer luego de que se diera a conocer la iniciativa enviada por el propio Mauricio Vila al Congreso del Estado mediante la cual pretendía reformar la Ley del ISSTEY para que el calculo de jubilaciones y pensiones fuera con UMAs y no con el Salario Mínimo, medida que generó polémica entre los trabajadores, pues sus ingresos se verían seriamente afectado.
Ante esto, Ramírez Marín hizo hincapié en que el Ejecutivo debe responder por los derechos de sus trabajadores y evitar que estos caigan en preocupaciones innecesarias o temores de que sus prestaciones o remuneraciones sean quebrantados o suspendidos, ya que “si esto es obligatorio para las empresas, mucho más para los Gobiernos”.
Sobre los posibles esquemas que se tienen para evitar la quiebra de este organismo, detalló cuentan en primera instancia con la venta de activos, el endeudamiento mediante préstamos o incluso pedir la ayuda del Gobierno Federal.
Sobre la iniciativa mencionada y que ya fue desechada por los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobierno del Congreso, aseguró que esta fue la mejor decisión, aunque lamentó que no se haya podido dar un diálogo más amplio al respecto.
“A mi me da mucha pena que no hayan querido que se diera más diálogo, sobre todo porque ya con la resolución de la Suprema Corte, lo único que había que hacer era modificar la redacción”, finalizó.
Karen Clemente