Los juicios orales van muy avanzados en 12 entidades, entre ellos Yucatán. El resto tiene un severo reto para cumplir con el plazo de 18 de junio de 2016.
MÉXICO, 27 de enero de 2015.- A más de 500 días de que se cumpla el plazo para que el nuevo sistema penal acusatorio opere en todo el territorio, hoy, 20 estados están por debajo de 60% en su implementación, presentan rezagos que van desde la capacitación del personal hasta la infraestructura para que se desarrollen los juicios orales; el caso más grave es Sonora.
María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), revela así que existen múltiples desafíos para que el 18 de junio de 2016 éste opere en todo el país.
Entre los retos, Fromowenlista que la implementación podría estar en riesgo ante la renovación de autoridades en 17 estados en los que habrá elecciones este año.
En entrevista, la funcionaria afirma que el plazo constitucional se cumplirá con la aplicación de una planeación táctica de la Setec, con un diagnóstico sobre las deficiencias y avances que cada estado presenta, con la certeza de que al llegar a la fecha señalada por la ley, no todo será perfecto.
“Estamos ciertos de que no vamos a tener todos los recursos ideales para que esto funcione, pero sí podemos generar la infraestructura y equipamiento esencial para operar de manera adecuada el sistema. No es que vamos a llegar al 18 de junio y todo esté perfecto, este es un sistema que tendrá que pasar durante varios años una evaluación permanente, un apoyo constante para lograr que se articule y sea sólido”, señala.
Los avances indican que sólo Chihuahua lo aplica casi al 100; cerca de la meta están Estado de México, Morelos, Yucatán y Nuevo León.
Mientras que siete entidades se ubican por arriba de 60%: Chiapas, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Coahuila, Durango y Querétaro. Las 20 entidades restantes presentan rezagos graduales.
Fromow Rangel asiente: “Quizás lo que más debilidad tiene, como se ha hecho patente en muchos casos, son las policías, de ahí la trascendencia del Mando Único; en algunos estados estamos trabajando para tener capacitación adecuada de cómo hacer la detención, procesar el lugar de los hechos o salvaguardar evidencias. Es lo que medimos, cuántos policías tienes capacitados, en qué calidad, cuántos ministerios tienes, cuántos jueces, cuántos administradores de sala, diagnosticamos qué falta y hacemos un plan de acción ex profeso para ellos”.
Sonora está en el último lugar de la lista, por lo que se está proyectando un plan de inversiones con los distintos fondos federales y locales para que en agosto próximo se implemente el sistema; la entidad “tiene carencias importantes en el tema de equipamiento e infraestructura”.
En el Distrito Federal, donde en este mes inició el sistema sólo con delitos no graves, la funcionaria indica que “lo que falta es el perfeccionamiento de la investigación científica de delitos muchos más complicados: homicidios, violaciones, secuestros.
“Tiene que acometer una serie de infraestructura, tanto para fortalecer servicios periciales, las unidades especializadas de delitos de alto impacto, los juicios orales, porque muchos de estos ilícitos graves terminarán en una prisión preventiva por las circunstancias que ello implica. Y hay que construir al lado de los penales las salas de oralidades”. (El Universal)
