Indignación han provocado alcaldes morenistas de los municipios de Espita y Hoctún, quienes han atentado contra la labor periodística y la libertad de expresión, convirtiéndose en la amenaza de un regreso al pasado, cuando los presidentes municipales eran auténticos caciques.
En un hecho que tuvo impacto nacional, el alcalde de Espita, Mario Sánchez Esquivel, colocó un retén en la entrada del municipio para impedir el paso de representantes de medios de comunicación, además de hostigar públicamente al periodista Israel Cárdenas, durante una sesión de Cabildo.
El momento quedó registrado en la transmisión en vivo que el propio Ayuntamiento realizó por Facebook.
Durante la sesión, el alcalde intimidó al reportero mostrando su rostro en la transmisión en vivo y lo increpó por la publicación de una nota relacionada con la posible aprobación de un aumento salarial, que le beneficiaría con ingresos de hasta 60 mil pesos mensuales al edil.
En Hoctún, el ciudadano Gustavo Torales Gamboa fue detenido por órdenes del alcalde morenista, Miguel Octavio Arjona Sánchez, luego de que criticó en redes sociales el mal estado de un parque infantil y el trabajo del primer edil.
Torales Gamboa se encontraba comprando en un súper de esta población cuando se encontró con el padre del presidente municipal, quien lo insultó y golpeó por criticar la administración de su hijo.
Luego de la agresión, el septuagenario llamó a su hijo a quien le solicitó la detención de Torales Gamboa. Minutos después, arribaron policías municipales, quienes lo arrestaron y trasladaron a la cárcel pública, donde permaneció varias horas.
El aspecto más inquietante y preocupante de estos hechos es que trata de un claro intento por silenciar la prensa crítica, como lo han hecho en mayor grado en los estados de Campeche y Puebla.
Estos alcaldes lanzan advertencias disfrazadas de cordialidad, incluso presumen ser “respetuosos” con los comunicadores y ciudadanos que los critican, sin embargo, son enérgicos al exigir a los comunicadores se apeguen a la “verdad”.
Hasta el momento, solo el gobernador Joaquín Díaz Mena se ha pronunciado sobre este asunto, al hacer un llamado a todos los servidores públicos de Yucatán, incluyendo diputados y representantes del Poder Judicial a “que respeten el trabajo periodístico y el derecho que tienen las y los periodistas de ejercer su labor con libertad”.
El Congreso del Estado, principalmente la bancada de Morena, no ha emitido algún posicionamiento sobre estos atentados a la libertad de expresión y prensa, no obstante que en la “congeladora” legislativa se encuentran iniciativas para garantizar el ejercicio periodístico y eliminar el delito de “difamación”.
De esto y más estaremos pendientes…