Gobernador anunciará acciones para solucionar la crisis del sistema
Mérida, a 23 de julio de 2025.- Tras la segunda reunión de concesionarios del sistema Va-y-Ven y funcionarios estatales, quedó en suspenso la implementación de nuevas medidas restrictivas ante el anuncio que realizará el gobernador Joaquín Díaz Mena sobre la gestión de recursos federales que permitan amortiguar la crisis económica que atraviesa ese servicio.
El empresario transportista, David Quintal Medina, reveló que a la fecha les adeudan a las empresas que otorgan el servicio un total de 130 millones de pesos.
Destacó que en el segundo encuentro con representantes de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) y la secretaría general de Gobierno prevaleció la voluntad de alcanzar acuerdos.
“Tenemos que ser pacientes, habrá cosas que se tendrán qué decidir y hacer que tal vez algunos no lo entiendan, pero el objetivo es mantener el servicio”, declaró.
Al intercambiar información, se llegó a la conclusión de que hubo una mala planeación presupuestal del anterior director de la ATY, Rafael Hernández Kotasek.
“Estamos ante una problemática de falta de cálculo acertado en la presupuestación de la operación de la ATY, entendemos que les dejaron una situación nada fácil”, sostuvo.
Durante la reunión privada en Palacio de Gobierno, a la que no asistieron representantes de ADO, concesionaria de la ruta Periférico, se expuso que, de los 1,711 millones proyectados por concepto de pasajes, solo se han recaudado 471 millones.
El entrevistado confirmó que el ingreso por el cobro de las tarifas general y social no es suficiente para costear la operatividad del servicio y dijo que se deberá analizar la reorganización de rutas y que las 400 unidades que faltan por adquirir sean de modelos que generen menos gasto.
Por su parte, el gobierno del estado informó que actualmente, la flota supera las 800 unidades y se pagan más de un millón y medio de kilómetros cada mes, pero solo se trasladan alrededor de 110 mil personas al día.
Esto indica, según un comunicado, que los autobuses operan a una tercera parte de su capacidad y que el Estado termina cubriendo recorridos, no traslados efectivos.
“El problema estructural radica en que, aunque un camión viaje casi vacío, se le paga al concesionario por el recorrido. Este modelo privilegia el movimiento de unidades, no de personas, lo que distorsiona los costos”, pronunció.
ISRAEL MEDINA