El Poder Judicial del Estado de Yucatán se encuentra bajo el escrutinio, tras un fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que pone en duda la imparcialidad con la que se debe conducir el organismo encargado de garantizar la aplicación de la justicia en la entidad.
En este sentido, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon improcedente la inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial de Yucatán, lo que ratificó la permanencia de seis magistrados en sus cargos hasta el año 2036.
Los beneficiados son María Carolina Canto Valdez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, así como Mario Castro Alcocer, Alberto Salum Ventre, Lissete Mimenza Herrera, Patricia Gamboa Wong y Mauricio Tappan Silveira, quienes presiden las salas colegiadas.
Esta resolución ha provocado críticas, ya que los citados magistrados fueron impulsados y designados por el exgobernador Mauricio Vila Dosal, y que ahora genera dudas sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial en la entidad.
La ratificación de estos magistrados ligados al Gobierno estatal pasado y su permanencia por una década más, implica también la prolongación del control político de un Poder que debe garantizar imparcialidad y el equilibrio frente a los demás órganos de gobierno.
A lo anterior se suma, que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán nombró de nuevo juez de control a Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, sobre quien pesan acusaciones de violencia de género e institucional.
Con su nombramiento, el Consejo de la Judicatura hizo caso omiso de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, como se le conoce a la reforma legislativa que impide que personas violentadoras ocupen espacios como servidores públicos.
A partir del 1 de septiembre, el Poder Judicial de Yucatán estará en la mira, pues podría estar en riesgo su independencia real en los procesos judiciales y políticos de los próximos 10 años.
De esto y más estaremos pendientes….