Acusan a Diego Rivera Navarro de dirigir grupo dedicado secuestro y extorsión
México, a 6 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, de encabezar una red criminal que usó el poder público para secuestrar y extorsionar.
La solicitud, con fecha de 30 de enero, aprobada por un juez federal y ejecutada ayer, detalla que el alcalde y varios integrantes de su gabinete de primer nivel habrían actuado como una organización dedicada al cobro de “derecho de piso”, apoyada por policías municipales y con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Rivera Navarro “usa la fuerza del gobierno para la ejecución de sus fines delictivos (…) hablamos de la fusión de la criminalidad con el poder político”, dice el documento presentado al juez.
La autoridad le imputa los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado.
La FGR señala que Diego Rivera tenía funciones de dirección, mientras que Juan Gabriel N, Diego N, jefe de Gabinete, Juan N, director de Seguridad Pública, Julio N y Severo N, alias “El Rey Mago”, habrían participado en la ejecución de los hechos.
Una denuncia anónima de un comerciante, quien afirma que Diego Rivera, acompañado de colaboradores y policías, llegó a su negocio para exigir pagos semanales, amenazarlo con armas de fuego. De no cumplir, sería secuestrado.
Dos víctimas identificadas solo por siglas, pero que dijeron ser excandidatos de Morena, narraron que en marzo de 2021 fueron levantados a la fuerza, encapuchados, golpeados y llevados a casas de seguridad. Ahí los obligaron a firmar la renuncia a su candidatura bajo amenazas de muerte. Ambos identifican directamente a Diego Rivera Navarro como quien participó en el secuestro y las amenazas.
La FGR cuenta con el testimonio de un comerciante de artesanías, quien asegura que, tras asumir Rivera la alcaldía, su negocio fue clausurado y luego extorsionado. Primero le exigieron un pago de 50 mil pesos para reabrir y después cuotas mensuales de 20 mil pesos.
Al retrasarse en un pago, el testigo fue víctima de golpizas, destrozos y amenazas ejecutadas por Diego López Ibarra y Juan Manuel Pérez Sosa, con apoyo de policías municipales.
Información Latinus