Aprueban nuevo órgano de transparencia

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Con mayoría calificada, el Congreso desaparece el INAIP

Mérida, a 2 de julio de 2025.- Diputados del Congreso del Estado de Yucatán aprobaron por mayoría calificada, con 33 votos a favor y uno en contra, los dictámenes que dan paso a transformación en el modelo de transparencia estatal, en concordancia con los lineamientos establecidos por la reciente reforma federal.

Con el respaldo de las fracciones de Morena, PAN y PRI, y las representaciones legislativas del PT y PVEM se avalaron reformas a la Constitución Política del Estado, así como la expedición de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales y modificaciones al Código de la Administración Pública.

Durante la discusión de la reforma constitucional, Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, señaló que esta reforma, como en todos los trabajos que se han dado en esta Legislatura, se ha llevado a cabo con la mayor apertura al diálogo, escuchando todas las voces y atendiendo las propuestas que buscan construir mejores leyes.

“Hoy le decimos al pueblo yucateco que cuenta y seguirán contando con el acceso a la información pública y con la protección de sus datos personales, con sus sistema más cercano y eficiente. Porque a morena sí le gusta la transparencia.”, puntualizó.

Con esta reforma  se crea un nuevo modelo institucional, encabezado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Contraloría General), que asumirá la rectoría de vigilancia y cumplimiento en transparencia, con el apoyo del organismo auxiliar  denominado Transparencia para el Pueblo de Yucatán.

Este nuevo organismo contará con un órgano de gobierno conformado por representantes del Ejecutivo estatal, secretarías clave, órganos de fiscalización y un diputado del Congreso del Estado, así como un Consejo Consultivo ciudadano compuesto por cinco personas expertas en transparencia, derechos humanos y protección de datos, provenientes de la sociedad civil y la academia.

La reforma también reconoce como autoridades garantes complementarias en sus respectivos ámbitos a los Órganos de control del Poder Judicial y organismos autónomos, a la Contraloría del Congreso del Estado, al Instituto Electoral del Estado, respecto a partidos políticos y al Centro de Conciliación Laboral y Tribunales Laborales, en relación con sindicatos.

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