Gobierno Federal creará empresa constructora
México, a 14 de febrero de 2025.- La mayoría de Morena y sus aliados en el Pleno del Senado de la República aprobaron la reforma por las que se cambian la organización, fiscalización y rendición de cuentas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El documento está encaminado a generar un mejor esquema de desarrollo social en materia de vivienda que beneficie a la población, y para ello se asegura que los créditos y ahorros de los trabajadores serán intocables en materia de fiscalización, y se establece que ante la cancelación de proyectos incumplidos se haría la restitución de recursos a las personas afectadas.
Esta reforma plantea la creación de una empresa filial encargada de la construcción de vivienda, que, si bien no se trata de una entidad paraestatal, sí estaría sujeta a mecanismos de control y transparencia.
También, abre la posibilidad de que las empresas participen en la construcción de vivienda, bajo un esquema que garantice el buen manejo de recursos y se prevengan casos de corrupción.
Regula la figura del arrendamiento social, con lo que se establece un mecanismo que permita el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras, mediante un arrendamiento accesible y con opción de compra.
Prohíbe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadoras para terminar con cobros excesivos y a los intereses abusivos e impagables.
Asimismo, la propuesta faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit, bajo un enfoque social para garantizar viabilidad financiera y técnica.
Además, la Auditoría Superior de la Federación mantendrá su función fiscalizadora como organismo autónomo, para asegurar total transparencia.
Al respecto, la senadora del PAN, Gina Campuzano González, dijo que esta reforma preocupa, porque tiene el objetivo de “agarrar” los ahorros de los mexicanos.
“Quieren agandallarse 2.4 billones de pesos, lo que afectará a 77 millones de familias. No tendremos ni idea de qué harán con esos ahorros, porque ni el gobierno podrá revisar a la empresa constructora que usará esos recursos”, señaló.
AGENCIAS
