Diputados analizan la iniciativa para expedir la Ley sobre este tema, enviada por el ejecutivo estatal
Mérida, Yucatán, 6 de junio del 2018.- Este día la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado inició el análisis de la iniciativa para expedir la Ley de Videovigilancia del Estado y modificar las leyes de Desarrollos Inmobiliarios y la del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Con esta se pretende regular los alcances de la red de las cámaras de videovigilancia. De ser aprobada, las empresas privadas podrían solicitar al Gobierno del Estado que sus cámaras formen parte de esa red, con el fin de apoyar en la investigación de hechos delictivos.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo estatal hace una semana. Entre los motivos para ello, se explicó que de acuerdo al IV Informe de Gobierno, entre el 2015 y el 2016 habían 642 cámaras en Yucatán, mismas que requirieron una inversión de 145 millones de pesos y de las cuales 522 ya habían sido instaladas.
Además en el documento con la propuesta se detalló que por el crecimiento demográfico, el problema de inseguridad en el país y la mayor presencia de cámaras de videovigilancia, así como la próxima instalación de muchas más, es necesario regular la legislación al respecto.
La propuesta del Ejecutivo estatal consta de 52 artículos divididos en 11 capítulos, los cuales establecen que los ciudadanos tienen derecho a ser informados acerca de los lugares donde habrá videovigilancia, recibir información accesible para ejercer sus derechos a la intimidad y protección de datos personales y solicitar el acceso a las grabaciones en las que figuren o en las que razonablemente consideren que existen datos sobre alguna afectación que hayan sufrido.
De igual forma describe que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la dependencia encargada de la videovigilancia a través de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Municipal, mientras que la Secretaría General de Gobierno tendrá bajo su responsabilidad el desempeño de funciones técnicas en cuanto a los equipos.
En la iniciativa se prevé que las cámaras sean instaladas en áreas prioritarias: zonas de mayor incidencia delictiva, áreas escolares, deportivas o recreativas, espacios públicos con importante afluencia o actividad turística y comercial, así como avenidas con mayor incidencia de hechos de tránsito. Se prohíbe que se instalen al interior de viviendas o bienes inmuebles e incluso se prevén sanciones en caso de que esto no se cumpla de entre 400 hasta 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la suspensión temporal del registro en caso de que se trate de empresas privadas de seguridad.
Por otro lado también se establece que las empresas privadas que así lo deseen puedan incorporar sus cámaras de videovigilancia a la red estatal para apoyar en la investigación o detección de infracciones administrativas o hechos delictivos.
Finalmente se regula el Registro Estatal de Videovigilancia, que concentrará toda la información sobre las cámaras instaladas en la entidad.
En entrevista, la diputada priísta Celia Rivas Rodríguez comentó que esta iniciativa fortalecería la seguridad en el estado. Añadió que al igual que otras propuestas del Ejecutivo estatal, esta se enriquecerá en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública y se espera que sea aprobada antes de que concluya la LIX Legislatura.
Por último, recordó que mañana pasaría al Pleno del Congreso la convocatoria para la elección de los cuatro consejeros consultivos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CODHEY). Posterior a su aprobación se publicaría en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor circulación de la entidad. (Lilia Balam)