El próximo año se desahogarían los tres procedimientos jurídicos abiertos por el caso
Mérida, Yucatán, 22 de diciembre del 2018.- De acuerdo al consejero jurídico del Gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira, en el 2020 se podría resolver el conflicto del Hospital de Ticul, ya que durante el próximo año se desahogarían los tres procedimientos jurídicos abiertos por el caso. El funcionario afirmó que al concluir la presente administración estatal el asunto estaría cerrado.
Como se ha informado en Desde el Balcón, la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península S.A. de C.V., contratada bajo la modalidad del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), para la edificación y operación del Hospital exigió al Gobierno estatal 520 millones 2323 mil 434 pesos en pago por la cancelación anticipada del contrato, a lo que los Servicios de Salud (SSY) emitieron una resolución en la que determinaban que estaban dispuestos a pagar 125 millones 51 mil 765 pesos.
La compañía interpuso dos demandas ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para solucionar el conflicto: la primera fue rechazada y en el caso de la segunda, falló a favor de que la empresa cobre las cantidades que invirtió en la realización de la obra, que ascendían a los 723 millones de pesos.
En este sentido, Tappan Silveira recordó que un juez federal determinó que el laudo que la empresa pretendía ejecutar debía ser resuelto por un Juzgado Civil y se le debía aplicar el Código Civil del Estado. “Nosotros propusimos que el Juez Federal no era competente y se ganó esa instancia”, detalló.
Sin embargo, la empresa no se conformó con dicha resolución e interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Unitario, con el objetivo de que sea una instancia federal la que ejecute el laudo. Actualmente las autoridades estatales están a la espera de que dicho Tribunal resuelva el mencionado recurso.
Según el consejero jurídico, hasta la fecha hay tres procedimientos jurídicos en curso sobre el caso, pero el funcionario afirmó que éstos se resolverán a lo largo del 2019, por lo que estimó que para el 2020 el caso estará resuelto y se podrá determinar qué instancia deberá pagar –si la empresa o el Gobierno del Estado-, así como el monto.
“Cuando mucho en el 2020 el caso estará cerrado”, dijo, antes de comentar que al concluir la presente administración estatal el asunto estaría cerrado.
Finalmente, comentó que la cantidad que pide la empresa de indemnización – de 723 millones de pesos- es excesiva y añadió que el Ejecutivo estatal está dispuesto a pagar “lo que determine la ley de acuerdo al contrato”. (Lilia Balam)