Preguntan a candidatos cómo respetarán su libre determinación y sus recursos naturales
Mérida, Yucatán, 28 de mayo de 2018.- Representantes de diversas asociaciones civiles y de la academia pidieron a los candidatos a gobernador de Yucatán que fijen posturas ante diferentes irregularidades que afectan los derechos de los pobladores mayas y al medioambiente, con la llegada de megaproyectos en la entidad como parques eólicos, solares y granjas porcícolas.
El investigador de la UNAM y miembro de la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya, Rodrigo Llanes Salazar declaró que es necesario conocer qué acciones pretenden implementar esos candidatos –en caso de favorecerles el voto-, porque en los últimos años han observado violaciones a los derechos de las comunidades indígenas.
Pero además, recalcó, están pasando situaciones que antes no se veían en Yucatán, como amenazas e intimidaciones a activistas defensores de los derechos de los mayas, y a los propios pobladores.
Por tal razón, en un documento que entregarán a dichos actores políticos, los investigadores y activistas plantearon preguntas relacionadas en cómo garantizar que se realicen consultas previas a la población maya ante proyectos que pudieran afectarles, y qué acciones llevarán a cabo para avalar el ejercicio de su libre determinación.
Además, qué harán para que los organismos de gobierno encargados de asuntos agrarios, indígenas y de procuración de justicia garanticen la efectiva aplicación de los derechos de esta población; si estarían dispuestos a cancelar los megaproyectos que violen los derechos de los pueblos mayas; cómo protegerán a los ejidos y cómo evitarán la contaminación del manto acuífero de plaguicidas cancerígenos, entre otras.
En rueda de prensa, la investigadora del INAH, Margarita Rosales González recordó que los mayas representan el 65 por ciento de la población, quienes tienen derecho a elegir su propio modelo de desarrollo económico.
Dijo que aunque sus derechos están plasmados en la constitución “hay que reconocerlos en los hechos”, respetando su territorio y recursos naturales, así como el uso que le dan a éstos.
Además, Rosales González recalcó que las consultas indígenas no deben considerarse como un obstáculo para el desarrollo de Yucatán.
Por su parte, la investigadora del CIESAS, Gabriela Torres-Mazuera criticó que aunque en el Estado hay 786 ejidos que representan el 56 por ciento de la superficie, se cometen prácticas ilegales para que los privados se queden con estas tierras.
Lamentó que las autoridades como la Procuraduría Agraria avalan transacciones ilegales, que empresarios se hagan pasar por ejidatarios, se incite a la división en las asambleas ejidales, y que se provoque la desinformación sobre los precios de las tierras que venden los campesinos.
En su intervención, Rodrigo Patiño Díaz, de la asociación Articulación de Energía Renovable, criticó que en Yucatán se hayan aprobado más de 20 mega proyectos de parques eólicos y solares sin realizar consultas indígenas, situación que genera conflictos sociales, y con el riesgo de que hayan afectaciones ambientales.
En la rueda de prensa, un ejidatario de Chocholá, Gonzalo Alcocer Peña relató el problema que vive su localidad desde hace nueve años, en donde a través de una asamblea mañosa una empresa se apoderó de 612 hectáreas para construir una calera.
Aunque los pobladores lograron que un juez dictaminara medidas cautelares para detener la obra, lamentó que durante mucho tiempo esa compañía contaminó cenotes durante sus procesos de extracción de material pétreo, sin que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) castigara a los responsables.
Para finalizar, Llanes Salazar sostuvo que aquellos actores políticos que pretenden gobernar Yucatán deben presentar propuestas para evitar que los mega proyectos violen los derechos de los mayas, así como la deforestación y la contaminación del acuífero. (Herbeth Escalante)