Activistas recalcaron que Yucatán está en los primeros lugares a nivel nacional por crímenes de odio por transfobia
Mérida, Yucatán, 5 de noviembre del 2018.- Activistas yucatecas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial local que garanticen el acceso a la justicia de Grecia Sosa, mujer transgénero que tras ser víctima de violencia física y sexual, señala que las autoridades encargadas de impartir justicia le han brindado un trato discriminatorio además de que, pese a contar con pruebas suficientes, la FGE dictó el no ejercicio de la acción penal contra el presunto agresor por los delitos de abuso sexual y lesiones.
En rueda de prensa, Sosa relató que en el 2014 un sujeto intentó forzarla para tener relaciones sexuales. Ante la negativa, la golpeó hasta desfigurarle parcialmente el rostro. La víctima dijo que requirió cirugía reconstructiva y terapia psicológica para lidiar con las secuelas tanto físicas como emocionales de la agresión.
Debido a las amenazas que recibió por parte de la pareja del agresor, Sosa denunció el incidente alrededor de nueve meses después, en el año 2015. Sin embargo, señaló que no recibió asesoría legal adecuada, además de que las autoridades encargadas de impartir justicia le brindaron un trato discriminatorio.
“La FGE omitía pruebas importantes, no me dieron asesoría adecuada, interpuse denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CODHEY) que no fueron aceptadas porque dicen que no hubo violación a los derechos humanos, cuando sí ha habido. Deseo que se reabra el caso, al agresor lo procesen, lo juzguen y sea castigado con todo el peso de la ley”, sostuvo.
De acuerdo al abogado del colectivo indignación, Jorge Fernández Mendiburu, a Grecia sí se le asignó un asesor jurídico pero “jamás le brindó orientación legal eficaz”, por lo que el Ministerio Público no integró correctamente la carpeta de investigación. Como ejemplo, subrayó que los exámenes médicos de las secuelas físicas del ataque y otras “pruebas contundentes de la agresión” no fueron anexadas al expediente.
Comentó que “en medio de las irregularidades del proceso”, el pasado 23 de enero del 2018 el Fiscal Investigador de la Agencia Sexual Uno del Ministerio Público del Fuero Común dictó el no ejercicio de la acción penal por los delitos de abuso sexual y no lesiones. Ante la resolución, Sosa presentó un recurso de inconformidad, sin embargo la Juez Segunda de Control del Primer Distrito del Estado validó el dictamen del Ministerio Público.
Por ello, la víctima solicitó un juicio de amparo por “violaciones al derecho de acceso a la justicia con relación a la no discriminación”, mismo que fue otorgado el pasado 5 de septiembre y por el cual el Juez Federal ordena que se deje sin efecto la resolución del no ejercicio de la acción penal y que se repita la audiencia con otro juez de control el próximo miércoles 7 de noviembre.
“El juez federal reconoce que hay violación a los derechos humanos. Esperamos que a partir del amparo tanto la FGE como el Poder Judicial reconozcan que hay discriminación, exigimos que Grecia pueda acceder a la justicia y se apliquen los protocolos necesarios para que no se perpetúe esta situación de discriminación que ha vivido”, expresó Fernández Mendiburu.
Por su parte la investigadora Ligia Vera Gamboa recordó que Yucatán ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional por crímenes de odio por transfobia y que el caso de Sosa “es solo un botón de muestra de la situación de exclusión que viven las personas transgénero en la entidad”. Recalcó que tanto las autoridades estatales como la CODHEY tienen “una gran deuda” con la sociedad yucateca y deben comenzar a llevar a cabo juicios con perspectiva de género. También solicitó que a la brevedad se nombre al ombudsman del estado “a través de una terna en la que participe la sociedad y que no sea un simulacro”.
Finalmente, Mendiburu recordó que en el pasado proceso electoral diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron una agenda política en materia de derechos humanos y de la diversidad sexual a los candidatos a puestos de elección popular, en la que figuraba la dificultad de las personas de la diversidad sexual para acceder a la justicia.
“Hicimos recomendaciones a la FGE y al Poder Ejecutivo, partiendo de este caso esperamos que la nueva administración comience a trabajar. Hasta hoy el Congreso no ha cumplido pero es una oportunidad para ver la voluntad política del Gobierno y para que la Fiscalía atienda las exigencias de la sociedad”, puntualizó. (Lilia Balam)