López Escoffié sostuvo que el ejecutivo «no se mordió la lengua» tras suspender las actividades en esas instalaciones
Mérida, Yucatán, 15 de octubre del 2018.– La diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la comisión especial temporal del Congreso que da seguimiento al caso de la mega granja de cerdos de Homún, Silvia López Escoffié, informó que independientemente de la suspensión de operaciones de la granja, se citará a comparecer a los involucrados en el caso, así como a expertos en materia ambiental. La legisladora recalcó que el Gobierno del Estado no se “mordió la lengua” al suspender actividades en el recinto.
Como se ha informado en Desde el Balcón, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) ya cumplió con la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito sobre la granja y ordenó la suspensión de la autorización del manifiesto de impacto ambiental concedido por la administración estatal anterior en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo promovido por seis menores de ese poblado.
Al respecto, López Escoffié comunicó independientemente de las acciones de los otros poderes, mañana a las 12 horas sesionará la comisión temporal a su cargo para aprobar el plan de trabajo para los siguientes días y citar a comparecer tanto a los involucrados en el caso como a expertos en materia ambiental.
La diputada del partido naranja recalcó que los tiempos del Congreso “son más lentos” que los del Ejecutivo “ya que todo se tiene que aprobar por consenso”, por lo que el plan de trabajo tendrá que ser detallado para su aprobación y posteriormente se iniciarán las comparecencias. También recalcó que “el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo y el Legislativo el suyo”.
A su vez, negó que el Gobierno del Estado se hubiera “mordido la lengua” al suspender operaciones en la mega granja ubicada en el poblado mencionado, ya que a su parecer, el Ejecutivo no se manifestó contra la suspensión sino solo “contestó a una resolución en la que tenía que emitir una opinión”.
“El Ejecutivo tenía que contestar porque lo obliga la ley. Los órganos de Gobierno sólo pueden hacer lo que la ley les permite y en ese caso tenían que emitir una opinión”, dijo.
Finalmente, insistió en que la comisión temporal escuchará a todos los actores involucrados imparcialmente para analizar qué beneficios traería al Estado la operación de la granja. (Lilia Balam)