El órgano estatal se concentra en garantizar su sobrevivencia.
Mérida, Yucatán, 5 de julio de 2019.- A la fecha, el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado (IIPEDEY) no cuenta con un censo del total de las personas con discapacidad que laboran en el Estado, toda vez que sus acciones prioritarias se han concentrado en la construcción de su marco Jurídico y administrativo.
María Teresa Vázquez Baqueiro, directora de este órgano, precisó que aunque se está trabajando en tener estas cifras, tiene conocimiento que gran parte de la población ocupada en Yucatán labora en el Gobierno del Estado, aunque aclaró “no me quiero arriesgar a darles cifras”.
En este sentido destacó que en Yucatán, el 6.5 por ciento de los habitantes tiene alguna discapacidad, y una de cada 3 personas se desarrolla cerca de alguna personas con capacidades diferentes, y recordó que hace algunos meses el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de la Administración Pública para que el 3 por ciento de las vacantes en las oficinas de gobierno estén ocupadas por este sector.
“Dado a que superamos la media nacional que es de 6.4 por ciento, debemos tener políticas públicas certeras que nos permitan transitar del modelo asistencial a uno de plena inclusión y que estas personas sean consideradas para ocupar un empleo”.
Precisó que las personas con mayores índices de pobreza son las que tienen discapacidad, por ello son necesarios los apoyos asistenciales como entrega de despensas, sillas de ruedas, apoyo económico, entre otros, sin embargo dijo, se deben sentar las bases para que cada vez sean menos quienes lo requieran y advirtió que “esto solo se va a lograr si generamos las acciones que permitan su inclusión en la vida laboral”.
Entrevistada al término de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, donde se aprobó la reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán – y que pasará al pleno para su posible aprobación- Vázquez Baqueiro mencionó que por eso es necesario que este organismo tenga su estatuto, unidad administrativa, comités de adquisiciones, transparencia y contraloría interna, además de trabajar en su presupuesto 2020.
En este sentido, precisó que si el pleno aprueba la reforma a la ley mencionada, “todas las autoridades tendrán la obligación de reconocer al instituto como una instancia oficial, por lo que ya no correría peligro de que en administraciones futuras desaparezca”
Al inicio de su administración, Mauricio Vila Dosal, anunció la creación de este organismo, el 3 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se le da la figura de organismo, por lo que entró en funciones a partir del 1 de enero de 2019.
Karen Clemente.