Juez ordena suspensión provisional del tren maya

Comunidades de la Península consideran que la consulta fue fraudulenta y unilateral

Mérida, Yucatán, 28 de enero de 2020.- Un juez de Distrito del estado de Campeche ordenó la suspensión provisional del proyecto del tren maya en la zona de Xpujil, ya que considera que la consulta que se realizó en las comunidades indígenas en noviembre y diciembre pasados no cumplió con los estándares internacionales ni proporcionó información detallada del proyecto.

Al respecto, Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del Centro Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), señaló que como resultado de esta decisión de los tribunales buscarán que las comunidades indígenas en Yucatán también interpongan amparos para lograr la suspensión definitiva del proyecto del tren maya.

Indicó que la solicitud de amparo fue presentada el 6 de este mes, la cual reclama “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo Federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como la ilegal aprobación del proyecto del tren maya”.

“Invitamos a las comunidades indígenas de la Península, Chiapas y Tabasco a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a su autonomía y libre determinación”, indicó.

Afirmó que la consulta no cumplió con el carácter de informada y previa, “pues las comunidades mayas no recibieron la información detallada con antelación suficiente, ni se respetó el derecho a la participación.

“La organización de los foros en su fase informativa fue diseñada e implementada de manera unilateral, además de que el Gobierno Federal ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diferentes canales públicos”, puntualizó.

Añadió que la consulta tampoco se realizó de buena fe y no culturalmente adecuada, “ya que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad”.

La demanda señala como autoridades responsables de este acto ilegal al presidente Andrés Manuel López Obrador; al director del Fondo Nacional de Turismo, Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes.

Jorge Euán