Por otorgar permiso para la construcción de una marina en el puerto.
La Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán resolvió una apelación clave contra la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y determinó que debe continuar las investigaciones contra el exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi; el empresario Jean Marc Boyancé Rivero; y el exdirector de Desarrollo Urbano, Luis Castro Naal.
El tribunal instruyó a la Fiscalía agotar todas las líneas de investigación y emitir una nueva determinación conforme a derecho.
La denuncia fue presentada en 2023 por Manuel Cáceres Romero, propietario de Servicios Marítimos de Progreso. El empresario señaló a los exservidores públicos por otorgar indebidamente una licencia de construcción a Boyancé Rivero.
El permiso permitió bardear un terreno de dos hectáreas en Progreso. La zona solo contaba con una concesión de Semarnat (DGZF/148/15) para cuidar el manglar con fines de ornato y sin obra.
Sin embargo, Boyancé Rivero construyó una marina comercial donde aloja más de 20 yates.
Cáceres Romero aseguró que el terreno no tiene título de propiedad, lo que impedía al Ayuntamiento entregar una licencia de construcción. Según la ley, ese documento resulta indispensable para proceder.
El 11 de junio de 2024, la Fiscalía Especializada resolvió no ejercer acción penal contra los señalados.
Ante esta decisión, Cáceres Romero presentó un recurso que llegó a la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Poder Judicial del Estado.
El tribunal determinó que la Fiscalía debe retomar el caso y profundizar en las investigaciones.
La resolución representa un nuevo episodio en el proceso legal contra los exfuncionarios y el empresario. La sociedad de Progreso sigue pendiente del avance de este caso.