Al término del análisis de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, en el Congreso del Estado, se han evidenciado escandalosos actos de corrupción por parte de exalcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN).
La tensión está al máximo en el puerto de Progreso, pues la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) señala a Julián Zacarías de haber manejado irregularmente los recursos de las cuentas públicas en los seis años en los que fue alcalde de Progreso, lo que representa un grave y millonario daño patrimonial al Ayuntamiento de Progreso.
Durante este tiempo, Zacarías Curi dejó de pagar más de 150 millones de pesos por conceptos de cuotas de seguridad social y actualizaciones y demás prestaciones que contempla la Ley del ISSTEY, lo que ha afectado a más de 130 familias del puerto de Progreso.
Otro que no le va bien es el exalcalde de Valladolid, Alfredo Fernández Arceo, quien finalmente fue vinculado a proceso, luego de la denuncia de un grupo de empresarios a quien habría exigido “moches” de 150 mil pesos para aprobar licencias de uso de suelo y funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas.
Tras el fallo de los tribunales, Fernández Arceo depositó una risible garantía de 20 mil pesos, la prohibición de salir de la Península de Yucatán y la obligación de presentarse mensualmente para firmar su permanencia en el estado mientras se desarrolla el proceso judicial.
Hasta el momento, el PAN en Yucatán no se ha pronunciado sobre estos señalamientos, pues todo indica que no quiere sumar más a los escándalos mediáticos del sistema del Va y Ven ni a la controversia constitucional que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de reforma judicial que promovió el exgobernador, Mauricio Vila Dosal.
El PAN parece mudo ante delicadas broncas de su gente.