Peña enviará un segundo paquete de reformas en materia de justicia cotidiana
Ciudad de México, 18 de dic. de 2016.- El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer a senadores que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga más de 4 mil expedientes relacionados con servidores públicos acusados de tortura.
Lo anterior se desprende de las respuestas enviadas a legisladores de PRI, PAN, PRD y PVEM en el contexto del cuarto Informe de gobierno, las cuales aprovechó para anunciar que enviará, en los próximos meses, un segundo paquete de reformas en materia de justicia cotidiana y, junto con el Congreso, analizará las propuestas para fortalecer las corporaciones policiacas del país.
El grupo perredista preguntó al Ejecutivo cuántos servidores públicos federales han sido sancionados penalmente desde septiembre de 2015 a la fecha por alterar la escena de un crimen o torturar a un detenido.
El Presidente detalló que, a partir de la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (en octubre de 2015) y hasta el 14 de noviembre de 2016, se registraron aproximadamente 4 mil 713 expedientes de averiguaciones previas provenientes de las 32 delegaciones estatales de la PGR, de las oficinas centrales de la procuraduría, de vistas de órganos jurisdiccionales o ministeriales y de denuncias ciudadanas.
Además, explicó políticas implementadas en materia de prevención, como la creación de esa unidad, la capacitación de los servidores públicos encargados de investigar el delito de tortura y los programas para fortalecer la confianza de la ciudadanía y las corporaciones policiacas.
El PAN cuestionó el incremento en los homicidios dolosos, a lo que el mandatario confirmó un aumento en los últimos meses, pero destacó que éstos son menores si se comparan con el mismo periodo de 2012 (16 mil 652) y los 15 mil 201 en los primeros nueve meses de 2016.
“El gobierno reconoce que persisten retos en algunos municipios, estados y regiones del país donde ha aumentado el delito de homicidio doloso durante 2016”; especificó que se debe principalmente a la debilidad institucional local para combatir nuevas células delictivas del fuero común y los cambios de gobierno locales que generan desequilibrios y no dan continuidad a los esfuerzos.
Por ello, resaltó, la solución de fondo “es contar con corporaciones locales sólidas con criterios homologados en su profesionalización, en su equipamiento y en sus protocolos de actuación”.