En aras de la transparencia y rendición de cuentas.
Mérida, Yucatán a 23 de junio de 2023.- En cumplimiento a lo establecido en la legislación orgánica, y en aras de la transparencia y rendición de cuentas, María Carolina Silvestre Canto Valdés, Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Yucatán, presentó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2022, en el que destacó los desafíos y avances para fortalecer la impartición de justicia y consolidar al Estado de Derecho como una de las principales características de la entidad.
El documento presentado este jueves, ofrece un resumen de la gestión de los magistrados Ricardo Ávila Heredia y Mario Alberto Castro Alcocer, quienes encabezaron los trabajos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura durante el período mencionado, y a quienes reconoció su responsabilidad al frente de este poder público.
Ante magistradas, magistrados, consejeras y consejeros, reunidos en el auditorio del recinto de este Tribunal, la magistrada presidenta del Poder Judicial habló de las acciones emprendidas por la institución para cumplir eficazmente el mandato constitucional de impartición de justicia.
En relación a la actividad jurisdiccional de primera instancia, que abarca las materias civil, mercantil, familiar, justicia para adolescentes, penal, ejecución de sanciones y laboral, informó que el año pasado se abrieron 26,373 expedientes y se concluyeron 26,918.
Con el objetivo de fomentar la cultura de la paz, el Centro Estatal de Solución de Controversias inició 2,208 expedientes y resolvió 2,293. Es importante destacar que más del 87 por ciento de las mediaciones tuvieron éxito en la resolución de conflictos de índole familiar, demostrando así la efectividad de estos mecanismos para aliviar la carga jurisdiccional en esta materia.
En el Tribunal Superior de Justicia, es decir, la segunda instancia, se iniciaron 2,020 expedientes y se concluyeron 1,853 durante el período informado. Recordó que el 16 de diciembre de 2022 se reorganizaron, integraron y redistribuyeron las competencias de las Salas del Tribunal Superior de Justicia, quedando de la siguiente manera: la Sala Colegiada Civil y Familiar, las Primera y Segunda Salas Colegiadas Penal y Civil, la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral, y la Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.
Así mismo se mencionó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las disposiciones reglamentarias, las Salas y el Pleno del Tribunal tienen la facultad de emitir precedentes para la interpretación de la propia Constitución, de las leyes y reglamentos estatales o municipales, así como los requisitos para su interrupción y modificación, sin contravenir la jurisprudencia de los Tribunales de la Federación.
En este sentido, la Sala Colegiada Civil y Familiar emitió cuatro precedentes obligatorios, entre los que destacan los relativos a diligencias de ejecución de sentencia penal que condena a la pérdida, suspensión o restricción de derechos de familia; en materia de sucesiones; en cuanto a los aspectos a tomar en cuenta en la debida determinación de la compensación; y otro para el caso en que no termina el mandato, no obstante la muerte del mandante. Igualmente, la entonces Segunda Sala Colegiada del Sistema Acusatorio, emitió uno sobre la restricción de acercarse a persona o lugar determinado impuesta en sentencia.
Además, emitió tesis aisladas, siendo relevante aquella que establece que la autoridad debe realizar los ajustes razonables para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia para personas indígenas mayas; otra que se refiere a la adopción de medidas necesarias por parte del órgano jurisdiccional para subsanar cualquier omisión en la actuación del interventor como representante de una sucesión, así como una que guarda relación sobre la acción de remoción de tutor de persona interdictada.