Las alertas se han encendido en Yucatán por la acelerada e ilegal deforestación de manglares, que incluso dejó «impactada» a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, durante una gira que realizó la semana pasada por Yucatán.
Con el conflicto de Sisal ha salido a la luz el abuso de desarrolladores inmobiliarios, que se han apoderado de amplias extensiones de la franja costera, sin que las autoridades federales, es decir, Semarnat y Profepa, sepan si cuentan con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y con los permisos correspondientes.
En Yucatán son constantes las denuncias de daños al ecosistema costero, por parte de habitantes de comunidades costeras.
Como ejemplo, hace un par de semanas trascendió que los alcaldes de Dzemul, José Flota Aké, y de Telchac Puerto, Alfosno Núñez Erguera, comenzaron un proyecto nada transparente.
Se trata de la instalación de 15 kilómetros de tubería para llevar agua potable a ese puerto, la cual atraviesa el manglar, lo que pone en peligro la flora y fauna de la zona costera, además de que se ignora si el proyecto cuenta con los permisos correspondientes.
Lo cierto es que el Gobierno de la 4T en Yucatán se encuentra frente a uno de los más graves problemas de su administración, el cual se fue gestando en pasados gobiernos.
Y aunque es un delito federal, surgen dudas de la capacidad del Gobierno estatal de frenar el imparable avance de la destrucción del ecosistema costero, cuando en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, su titular Federica Quijano, permanece ajena y con total desconocimiento del problema.
La todavía integrante del grupo Kabah fue evidenciada la semana pasada, durante una reunión con representantes de Sisal, pues el comisario de ese puerto, Joaquín Galaz Ambrosio, dio una cátedra de la devastación del Pueblo Mágico, ante lo cual la funcionaria estatal nada pudo decir; todo esto en presencia de la titular de la Semarnat y del gobernador, Joaquín Díaz Mena,
Esperemos que ahora sí, haya coordinación entre los gobiernos federal y estatal para detener esta destrucción y aplicar todo el peso de la ley contra aquellos que atenten contra el patrimonio de los yucatecos.
¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ LA INVESTIGACIÓN?
Luego de que la Consejería Jurídica y el Registro Civil informaron de la emisión de actas falsificadas, que al parecer se entregaban a centroamericanos, el Gobierno del Estado interpuso una denuncia por estos hechos.
Ahora, falta ver hasta dónde llegará la investigación de las actas apócrifas y lo importante será saber desde cuándo ocurren estas anomalías y quién o quiénes están o estuvieron involucrados
Dejar en lo abstracto este asunto será más que delicado. Es fundamental saber ¿Cuándo se hizo o hacía? ¿Fue durante el Gobierno de Mauricio Vila?, ¿de Rolando Zapata o de de Ivonne Ortega?
Ojalá no sea una acusación que al paso del tiempo quede sin respuestas.
De esto y más…. estaremos pendientes
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