Al aire indemnización del Centro de Atención Canina que quedó enterrado en las obras del distribuidor de Lerma
Campeche, 3 de mayo de 2016.- “Las autoridades han hecho caso omiso de la Ley de Protección Animal y hasta el momento no sabemos cuándo se recuperará el dinero por la indemnización del Centro de Atención Canina que quedó enterrado en las obras del distribuidor de Lerma”, señaló Xane Vázquez, dirigente de la asociación Proanimal de Campeche, luego que la síndica Bertha Novelo leyera una propuesta por este grupo para que se cree un nuevo centro de atención médico canino ante la problemática del aumento de los perros callejeros en el Estado.
Señaló que en la VII sesión de cabildo pasada la regidora Bertha Pérez recordó al municipio que existe un reglamento que no se ha aplicado desde el 2006, lo cual constituye una omisión de funciones y la falta de vigilancia de los regidores.
En relación a la tipificación del maltrato animal como delito, dijo que la tipificación de una conducta es el último recurso del Estado para corregir una situación, en otras palabras es la demostración de su fracaso, porque si el Estado hubiera aplicado la Ley estatal de protección a los animales como es debido y si el municipio de Campeche hubiera aplicado el reglamento hace 10 años, otra sería la situación.
Llegar a ese extremo de tipificar el maltrato animal debe ser visto como un fracaso de las políticas de Estado.
El documento que leyó hacía referencia a una sesión del Consejo de participación ciudadana durante la administración de Fernando Ortega Bernés, siendo secretario Edgar Hernández, en la que se hace la recomendación al municipio que de inmediato se tomen las medidas necesarias para atender el problema del incremento en la población de perros callejeros.
Comenta que en dicha sesión se acordó firmar convenios con la Secretaría de Salud para llevar a cabo esterilizaciones y señala que a la fecha ni hay tal convenio, ni ha habido tales esterilizaciones y la demanda de la comunidad sigue sin ser atendida por parte de la Ayuntamiento.
“La autoridad ha sido absolutamente omisa, es decir, no está cumpliendo con su obligación de aplicar la reglamentación, no está haciendo su trabajo. Entendemos que el municipio tiene muchísimos problemas pero este es otro problema que hay que atender.
Esa visión de las prioridades no funciona hay que atacar todos los problemas de golpe y para eso el municipio tiene una barbaridad de personal que podría hacerlo”, argumentó.
Con respecto a la aplicación del reglamento, en los primeros artículos dice que es obligación del presidente municipal o de quien el designe educar concientizar y sancionar. Lo que no se ha llevado a cabo y el resultado es que el problema se sigue incrementando porque la gente tiene conductas como dejar salir a sus perros a la calle sin la participación del municipio el problema no va a resolverse jamás.
Respecto al Centro de Atención Canina dijo que el proyecto está totalmente detenido desde el 2006 que se puso la primera piedra y han pugnado para que se reactive sin conseguirlo, la petición ha caído… “en oídos sordos, en falta de voluntad política, en un total desinterés por parte de los administradores del ayuntamiento que no quieren ver el impacto que tiene la fauna doméstica en la salud publica en los costos que significa la sobrepoblación en cuanto a accidentes, enfermedades infectocontagiosas y también el impacto que tienen en la comunidad internacional que nos visita y que se horroriza de ver estos espectáculos lamentables en una ciudad cuya vocación es turística, ¿entonces que va a pasar? No lo sabemos”, recalcó.
Dijo que se le hizo el recordatorio al municipio que hay un fondo federal de 859 mil pesos que se invirtieron en el 2006 que ahora deben reclamar a la SCT por la afectación que hizo con el trazo carretero y la dirigente de Proanimal señala que ha tenido información que no se ha concretado la indemnización porque el municipio no ha entregado la documentación.
Por otro lado, al preguntar al Sistema Nacional de Avalúos de bienes nacionales, respecto a este edificio, este organismo le respondió a través de la Secretaría de la Función Pública que esa información está reservada.
Durante cuatro años les han negado saber qué pasa. Dijo que hay servidores públicos que manejan cifras que no saben de dónde las obtuvieron, que la indemnización asciende a 800 mil pesos y si es así quieren saber cómo se estimó este monto que no corresponde a la devaluación de la moneda que ha sufrido durante 10 años ni a los precios de construcción y a los precios del terreno.
Recalcó que la población de perros callejeros se seguirá incrementando alrededor de un 30% anual, seguirá creciendo sin que se haya cumplido con las recomendaciones internacionales que son las de esterilizar al 10 % de la población anualmente, finalizó. (Por Esto)