Si bien el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha importantes medidas para encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, los resultados han sido muy limitados, observó el organismo.
México, DF. 08 de octubre de 2014.- Los esfuerzos de México para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada y personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, ocurridos en todo el país durante los últimos años, han estado plagados de demoras inexplicables y anuncios públicos contradictorios, señaló Human Rights Watch (HRW) en una carta enviada hoy al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Si bien el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha importantes medidas para encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, brindar asistencia a sus familiares e investigar y perseguir penalmente abusos, los resultados han sido muy limitados, observó el organismo.
Entre 2006 y 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados. Durante ese período, solamente seis personas fueron condenadas por la desaparición forzada de siete víctimas, y todos estos casos habían ocurrido antes de 2006.
El gobierno de México debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desaparición forzada, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW al emitir un posicionamiento con ocasión de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En febrero del año pasado esta organización publicó un informe sobre la situación de desaparecidos en México, en el que se destaca que al menos desde 2006 a la fecha no hay consignados por los cientos de miles de casos de personas desaparecidas. El expediente documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón, incluidos 149 casos en los cuales existían «evidencias convincentes de que se trató de desapariciones forzadas con participación de agentes de diferentes fuerzas de seguridad del país», destaca.
Asimismo, mencionó que el gobierno cuenta con varias iniciativas para apoyo para familiares de víctimas; no obstante no ha reglamentado la ley, lo que se percibe como una serie de anuncios contradictorios por parte del presidente Enrique Peña Nieto, que ha suscitado más interrogantes de las que ha resuelto, toda vez que las autoridades afirman que han aparecido 30 mil personas que no estaban localizadas, «pero no ha revelado quiénes son ni qué les sucedió”.
«El gobierno -precisa el documento- no ha proporcionado una lista de personas cuyo paradero aún se desconozca ni de aquellas que han sido localizadas. En lugar de ello, simplemente ha generado una base de datos en línea que permite determinar la situación de personas específicas, pero que prácticamente no aporta información relevante sobre cada uno de los casos».
“Las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”, indica el documento, «sin embargo, el gobierno de Peña Nieto está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a las miles de personas cuyo paradero se desconoce, y ahora incluso recorta el presupuesto de la unidad especial de la PGR que este mismo gobierno creó para ocuparse de estos casos”.
Luego de la publicación del referido informe, en febrero de 2013, Osorio Chong reconoció la existencia de una lista elaborada por el sexenio anterior, de más de 26 mil personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y prometió examinar estos casos y determinar con mayor precisión la magnitud del problema.
En mayo pasado, agrega el informe de HRW, la Secretaría de Gobernación señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8 mil y cuya cifra incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Además reconoció que todavía se desconocía el paradero de otras 16 mil personas.
En agosto, el gobierno informó que la cantidad real de “personas no localizadas” era de más de 22 mil, incluidas personas cuyo paradero desconocido había sido denunciado durante las presidencias de Calderón y de Peña Nieto.
Sin apoyo adecuado, indica, será imposible que los agentes del Ministerio Público a quienes se les ha asignado esta enorme tarea puedan encontrar a las personas cuyo paradero se desconoce y llevar a los responsables ante la justicia”, observó Vivanco.
En febrero de 2013, la Procuraduría General de la República firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido, que podría ser crucial para esclarecer el destino de muchas de las personas desaparecidas. No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas. (La Jornada)