Denuncian afectaciones ambientales por granja porcícola

El Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’ y Grupo Indignación presentaron una denuncia popular en contra Kekén y quien resulte responsable.

Mérida, Yucatán, 20 de marzo de 2019.- La empresa porcícola Kekén, nuevamente se ubica en el ojo del Huracán; en esta ocasión integrantes del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’ y Grupo Indignación presentaron una denuncia popular en contra de la granja y quien resulte responsable de la contaminación en el manto acuífero de Kinchil. Aseguran que hay afectaciones en las milpas, en los apiarios y en el agua que consumen.

La denuncia popular, es en materia ambiental y se presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa); y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS); la avala la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente a nivel federal, y la Ley del Medio Ambiente del Estado de Yucatán; fue firmado por alrededor de 60 integrantes del Consejo Maya del Poniente, conformado por pobladoras y pobladores de Kinchil, Celestún, Sisal, Maxcanú, Hunucmá, Halachó  y Homún.

En contexto, la titular de la SDS, Sayda Rodríguez Gómez en meses pasados declaró que estaba muy interesada en escuchar a los pobladores afectados y que ya habían recolectado pruebas de laboratorio para determinar si había o no contaminación en el área. Sin embargo el abogado de Grupo Indignación, Orbelin Montiel Cortes desmintió el hecho, y aseguró que hasta el momento no han sido notificados respecto a ningún estudio.

“Con la presentación de la denuncia sabremos si efectivamente se realizaron estas acciones que anunció la Secretaria; uno de los objetivos es que las autoridades responsan sobre las acciones que han implementado; efectivamente Rodríguez Gómez ha declarado ante la prensa que se han realizado estos estudios, sin embargo hasta ahora las comunidades no han tenido conocimiento de los resultados”, explicó el abogado especializado en derechos humanos. 

Por su parte, el señor Alberto Rodríguez Piste, integrante del Consejo Maya del Poniente  dijo para Desde el Balcón que su único objetivo es defender los recursos naturales que se encuentran presumiblemente amenazados por la contaminación al manto freático. Agregó que los terrenos afectados son utilizados por agricultores, apicultores, ganaderos y milperos.

 

 

Sostuvo que lugareños de la zona han encontrado la formación de lagunas presuntamente de aguas negras, también han constatado que la empresa tiene unos pivotes en donde expulsa agua en forma de riego; y se ha notado que el líquido que sale de las tuberías tiene un olor a amoniaco y color obscuro, “al parecer el agua no tiene ningún tratamiento residual, contrario a lo que argumenta Kekén”, detalló.

Agregó que a la comunidad nunca se les pidió permiso para la instalación de la granja, que se ubica en la carretera Kinchil – Celestún, en el kilómetro 21, cuatro kilómetros hacia el sur en el monte. Y que hasta ahora las autoridades ambientales estatales y federales no han dado seguimiento a sus peticiones.

“Tenemos algunos apiarios inundados en plena época de sequía, y no sabemos de donde viene el agua, creemos que la presunta contaminación de Kekén está afectado entre 14 y 16 colmenas de la zona, e incluso algunos apicultores han notado una reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel”, reveló.

En la denuncia de hechos, pobladores de Kinchil establecen que esa empresa porcícola, junto con grupo Kúo, iniciaron operaciones en 2010. Kekén le ofrecía en ese entonces a la población empleo y “superación económica” y una mejor calidad de vida, pero iniciaron también un proceso de despojo de tierras e incluso hay litigios agrarios que no han concluido.

 

 

«Ahora la empresa porcícola pretende crecer en nuestro territorio y aumentar sus naves de producción de cerdos, ni al inicio de sus operaciones ni ahora obtuvieron el consentimiento del Pueblo Maya de esta región para realizar actividades de tan fuerte impacto en una zona con un ecosistema tan frágil y sensible, cercano a la costa, con cenotes, humedales y diversidad en riesgo», explicaron durante la rueda de prensa en el Centro Cultural Amaro que reunió a una veintena de medios de comunicación.

“Somos los pueblos mayas quienes tenemos que estar facultados para cuidar nuestro territorio o autorizar cualquier actividad que se pretenda desarrollar en ellos. Lamentablemente hemos constatado que a inversionistas de fuera y a muchas autoridades ‘nacionales’ poco les importa el agua, la vida, la tierra y el medio ambiente. Mucho menos nuestros derechos como pueblo”, finalizaron.