Ejidatarios, excluidos del desarrollo

Dejan fuera a comuneros e indígenas de proyectos agrícolas, turísticos y energéticos

Mérida, Yucatán, a 26 de junio de 2019.- Desarrollos agroindustriales, turísticos y de energías renovables son los principales proyectos que afectan los ejidos en Yucatán, cuya implementación atentan contra los derechos de ejidatarios.

Yucatán es el segundo estado con mayor población indígena, la cual habita en alguno de los 86 ejidos que hay en el Estado y que cubren el 56 por ciento del territorio estatal, de acuerdo con el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM.

El año pasado, el caso de San José Tipceh, en Muna, acaparó la atención de los medios porque miembros de esta comunidad confrontaban a la trasnacional Sun Power, que junto con las autoridades agrarias, desarrollan un megaproyecto de energía solar, el cual incluye la instalación de 1 millón 227 mil 200 celdas solares, lo que significa la deforestación de 762 hectáreas de este territorio.

Estudios de la investigadora Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Gabriela Torres Mazuera, las autoridades agrarias en las regiones indígenas mayas no han tenido una actuación conforme a la ley, lo cual se plasma en el Informe sobre la Jurisdicción Agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos de México.

Entre las principales irregularidades destacan la enajenación de tierras ejidales, irregularidades en los procesos de transacción, denuncias contra empresarios que no son ejidatarios, pero que son reconocidos por la asamblea comunal y procesos viciados avalados por visitadores agrarios.

La investigación señala que en prácticamente todos los proyectos de energías renovables no existe una participación directa de los ejidatarios y comunidades indígenas por eso reclaman su inclusión en estos programas.

Asimismo, indican que es fundamental, cuando se van desarrollar proyectos o vender tierras, privilegiar al ejido, como un territorio donde hay pueblos indígenas mayas que deben ser incluidos en las consultas y puntualizan que es urgente promover la democratización de las asambleas ejidales, ya que éstas son manipuladas con base en la ley con la complicidad de la Procuraduría Agraria.

Los casos de los ejidos de Ucú y Hunucmá evidencian una falta de información sobre los proyectos que se desarrollan en esos territorios, por ello cuando los comuneros se enteran de la dimensión de las obras se generan conflictos, que frenan su implementación.

Actualmente, ejidatarios de Motul, Cansahcab, Suma, Bokobá, Suma y Sinanché, mantienene bloqueda la sede del Tribunal Agrario Unitario exigiendo la destitución de Luis Antonio Betancourt Sánchez como magistrado de ese tribunal.

Jorge Euán

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Publicado el: 26 junio, 2019

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