Eliminan derecho que cobraría impuesto por seguridad

Los diputados hicieron cambios a la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda del Estado del ejercicio 2020

Mérida, Yucatán, 11 de marzo de 2020.- Tras la controversia ciudadana que se originó, las y los diputados aprobaron por mayoría la eliminación del pago de derecho por Infraestructura Tecnológica, que pretendía cobrar un impuesto por seguridad pública a través de los recibos de luz eléctrica.

En entrevista con Desde el Balcón, el legislador panista Víctor Merari Sánchez Roca aseveró que luego de la eliminación del derecho “el Gobierno del Estado no podrá cobrar este impuesto” como se había especulado semanas atrás.

“Ahora no se puede cobrar algo que no exista, con la derogación desaparece el artículo que pretendía cobrar un impuesto por seguridad”, recalcó.

La comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, aprobó con cinco votos a favor y uno en contra realizar cambios a la Ley de Ingresos y a la Ley de Hacienda del Estado del ejercicio 2020.

También, en la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se aprobó por mayoría, con el voto en contra de Morena, que permite modificar el Proyecto de Dictamen para modificar la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda del Estado del ejercicio 2020.

De la misma manera, fue avalado por mayoría -también con el voto en contra de Morena- las modificaciones a la Ley de Ingresos 2020 de Chicxulub Pueblo para establecer cuáles serán los valores catastrales para definir el pago del impuesto predial, así como la similar del puerto de Progreso, para establecer que cada año se renueve la licencia de uso de suelo, cuando antes no se tenía periodicidad.

En el caso de Chicxulub Pueblo, la secretaría de la comisión, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) señaló que el valor catastral ya no se definirá si el predio es bueno, regular o malo, sino por medio de una tabla con fórmulas específicas.

En el mismo sentido, la también secretaria del cuerpo colegiado, Lila Frías Castillo (PRI) añadió que los nuevos valores catastrales están apegados a la normativa nacional en la materia, porque antes los ayuntamientos tenían tablas que no tenían una precisión clara.

Con respecto a Progreso, la vocal de la comisión, Milagros Romero Bastarrachea (MC), indicó que la LXII Legislatura tiene el compromiso de proteger las finanzas públicas de los municipios, que dependen de la recaudación para sustentarse y brindar servicios de calidad, ante una posible recesión económica.

Javier Escalante Rosado