Diputadas y activistas acordaron legislar la tentativa de feminicidio, aumentar las penas en los casos de feminicidio infantil, georrefenciar a los agresores sexuales, y tipificar la violencia institucional como un delito.
Mérida, Yucatán, 25 de marzo de 2019.— En una reunión en donde participaron quince mujeres y dos hombres; diputadas de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado de Yucatán se comprometieron a legislar la tentativa de feminicidio en el código penal de Yucatán; aumentar la penalidad en los casos de feminicidio infantil, georrefenciar a los agresores sexuales, y tipificar la violencia institucional como un delito, todas como iniciativas a mediano y largo plazo.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea dijo que la mesa de trabajo fue muy completa, y que fortalecerá las propuestas legislativas que traen las diputadas de la actual LXII Legislatura..
—¿Que sucederá con todas las propuestas que hicieron las activistas?, se le preguntó.
—Lo que ocurrirá con ellas, es que se convertirán en propuestas legislativas; hay que analizar y hacer una agenda para priorizar lo que puede hacer a corto, mediano y largo plazo; yo creo que en el tema de feminicidio podemos avanzar muy rápido, porque ya está legislado, respondió la legisladora.
La activista e integrante de asociación ‘Solicitantes de la Alerta de Género en Yucatán’, Nancy Walker Olvera, aclaró que la reunión tiene como finalidad “consultar los derechos de las mujeres” sino que reforzar las leyes en pro de ellas.
“No es lo mismo legislar detrás de un escritorio, que realizarlo con el apoyo de las personas que trabajan los problemas día con día; es necesario reiterar que los derechos humanos no se pueden someter a una consulta”, refirió.
Agregó que las mujeres en Yucatán son “terriblemente vulnerables”, y que es necesario implementar leyes, reglamentos y protocolos en pro de los derechos de ellas, “para que la sociedad tenga donde agarrarse y poder exigir a las autoridades en caso de ser víctimas de algún delito”, detalló.
Sostuvo que es necesario que los servidores públicos respeten la norma 046 que permite el aborto legal y seguro bajo ciertas causales, y que el personal médico de los centros de salud no aboguen por la ‘objeción de conciencia’, es decir que orienten a las mujeres a dar a luz bajo ciertas normar morales.
Señaló que la norma 046 puede aplicarse cuando existe una violación sexual, cuando el embrión viene mal, cuando hay pobreza extrema en la familia o que la vida de la madre corre peligro, y que es necesario sancionar a los servidores públicos que no cumplan con la reglamentación.
Teresita Campos Ancona, del Observatorio Ciudadano Nacional de la Violencia explicó que la tipificación de la tentativa de feminicidio en el código penal de Yucatán, impactaría de manera positiva y se reflejaría tanto como una precedente que puede salvar las vidas de las mujeres que sufren violencia física en el hogar.
“En el estado de Yucatán, el delito de feminicidio está tipificado hasta por cincuenta años, se pretende aumentar esta penalidad hasta por ochenta y aumentar su tipificación cuando se trate de un feminicidio infantil, cuando la víctima sea una menor de edad, la pena imputable se duplique. Lo anterior tomando en consideración que no solo se trata de un delito de violencia de género, sino también un delito contra la niñez”, explicó.
En cuanto a la georreferenciación de agresores sexuales y agresores de mujeres y niñas, el objetivo es analizar la situación de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual que se encuentren cumpliendo una pena privativa de la libertad o una pena en suspensión.
Se trata elaborar y georreferenciar el universo de condenado por agresiones sexuales y violencia de genero. Como antecedente tenemos que dicha herramienta es utilizada y de uso habitual en países de primer mundo, citamos caso Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Finlandia.
Dicha georreferenciación se dispuso, como criterio de política criminal, llevar un estricto seguimiento y verificar que, en el marco del cumplimiento de la pena, el abordaje sea el pertinente frente a la problemática que involucra la comisión de delitos graves.
La violencia institucional, afirman, que es una de las tres con mayor incidencia en el Estado (sólo detrás de la violencia sexual y física), la activista puntualizó que esto ocurre sobre todo en las Instituciones del interior del estado que no cuentan con una visión intercultural de las políticas públicas, toda vez que el 65% de la población de mujeres que sufren los estragos de la violencia en todas sus esferas son integrantes de comunidades indígenas y maya hablantes.
Las condiciones de las mujeres yucatecas descritas anteriormente explican el panorama desigual, de subordinación, discriminación, dominio y asimetría en los ámbitos: económico, de clase, educativo, político y étnico, que, al relacionarse, contribuyen al desarrollo de una violencia estructural que coloca a las mujeres en posiciones vulnerables para la manifestación de otros tipos de violencia. (Javier Escalante Rosado)