A pesar de que solo aportaría el 10%, ahora afirma que otorgará hasta el 70%
Mérida, Yucatán, 2 de diciembre de 2019.- Tal como sucede con el aeropuerto de Santa Lucía, la aportación económica del Gobierno federal al Tren Maya será mucho mayor de lo planeado inicialmente: según palabras del titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, ahora saldrá del erario el 70 por ciento del costo total de la obra y no el 10, como se dijo en un principio.
Entrevistado en Mérida, donde estuvo para dar inicio a las consultas ciudadanas del proyecto, señaló que el modelo de fondeo para la construcción del proyecto de infraestructura bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un cambio importante y ahora el Gobierno aportará más del 70 por ciento de su costo para evitar adquirir deuda en los mercados financieros.
“Al presidente le preocupó mucho y me dijo: ‘podemos aumentar la participación del Estado para no dejar tanto dinero comprometido en deuda’, explicó en entrevista el encargado de que el Tren Maya sea el megaproyecto que marque el sexenio.
En días anteriores, el presidente señaló que el ferrocarril será financiado con los ‘ahorros’ producto del combate a la corrupción y la política de austeridad de su gobierno, que para este año sumaron 11 mil millones de pesos, apenas 7.5 por ciento de los recursos necesarios para concluir el proyecto ferroviario.
En contraparte, para el siguiente año, el Tren Maya tendrá una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2 mil 500 millones de pesos, una reducción del 51 por ciento en términos reales en comparación con lo etiquetado para este año.
Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), reveló que la mayor participación del erario en este proyecto de infraestructura, con un costo de hasta 145 mil 500 millones de pesos, busca pagar la menor cantidad de intereses producto del financiamiento privado.
“Por ahora, el plan es que el gobierno participe entre un 60 y 70 por ciento y lo demás salga por sí solo. La apuesta es que el gobierno pueda aportar el 70 por ciento o más del tren, y que lo demás se pague con deuda comprometidas con los ingresos. “Eso Hacienda lo decidirá”, detalló en entrevista Jiménez Pons.
La aprobación de la obra de los pueblos indígenas es, además de un requerimiento legal, una obligación para el gobierno de López Obrador, por ello, entre el viernes y sábado anteriores se realizaron una serie de 15 asambleas informativas en los distintos puntos por donde transitará el tren, las cuales llevarán a las comunidades originarias a una encuesta el 15 de diciembre.
La pregunta que deberán responder los pobladores es: “va el Tren Maya, sí o no”, para la cual el Fonatur tiene la plena confianza que avanzará el proyecto con la aprobación de las comunidades.
Sin embargo, la mayoría de estas asambleas, al menos las realizadas en Yucatán, resultaron desorganizadas y con un aforo mucho menor al esperado, por lo que no se descarta que finalmente el proyecto sufra un revés en las urnas.
Eduardo Herrera