Pedirán que comparezca el Consejero Jurídico de la Presidencia ante los Diputados Federales para explicar la impugnación
Mérida, Yucatán, 29 de diciembre de 2016.- El diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que los legisladores yucatecos tienen que defender el Decreto 418 del gobernador Rolando Zapata Bello para que el estado siga siendo zona libre de cultivos transgénicos, luego que la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó esta medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como hemos informado, la Presidencia presentó esta controversia constitucional, argumentando que el Ejecutivo Estatal no tiene atribuciones para aplicar ese decreto, pues son las dependencias federales las que toman decisiones en torno a los organismos genéticamente modificados, de acuerdo a la Ley de Bioseguridad.
Al respecto, Ramírez Marín indicó que en la próxima sesión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, solicitará que comparezca el titular de la Consejería Jurídica, Humberto Castillejos Cervantes, para que explique las razones del gobierno federal “para combatir ese decreto, que lo único que hace es proteger al territorio de Yucatán”.
“Esta medida del gobierno yucateco no está prohibiendo los transgénicos, más bien que no se puedan sembrar en el estado. La presencia de esos cultivos afectaría la apicultura, y nos dejaría prácticamente fuera de la exportación de miel, actividad de la que dependen miles de familias”, explicó.
Dijo que el consejero “nos tiene que dar una buena explicación”, porque no entienden cuál es el objetivo de combatir un decreto que beneficia a Yucatán, y protege la salud de los pobladores y al ecosistema.
Sobre el mismo tema, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, señaló que este conflicto con la Consejería ante el SCJN puede significar un buen momento para presentar una controversia constitucional en contra de la Ley de Bioseguridad.
En ese sentido, dijo que tanto los diputados federales de Yucatán como los de Campeche y Quintana Roo, podrían impulsar modificaciones a esa legislación sobre transgénicos, para que sean los Estados quienes puedan decidir si se cultivan o no esos productos en sus territorios.
Al respecto, Ramírez Marín coincidió en que los diputados “deben hacer más clara la Ley de Bioseguridad”, pero, recalcó, aun como está, Yucatán tiene la razón en este conflicto.
“La ley también señala excepciones, y el Gobierno de Yucatán está acogida en una, y es el caso concreto del peligro que representa para la exportación de miel. La ley así como está, sí permite a Yucatán crear un decreto, porque no se refiere a una exclusividad, sino a proteger la actividad (apícola)”, explicó.
El diputado yucateco indicó que más que la presión de la empresa trasnacional Monsanto a la Presidencia para echar atrás el Decreto 418, son los grandes agricultores los que están empujando a las autoridades federales para cultivar transgénicos en la Península de Yucatán.
“Lo advertí desde que estaba en la SEDATU, por ejemplo, que había un muy sospechoso movimiento y traslado de terrenos en Campeche, que antes eran ejidales y se convirtieron ahora en propiedad privada… son miles de hectáreas. Obviamente nos impacta la siembra de transgénicos, pero también en el tema deforestación… el caso de Campeche merece una especial atención”, recordó. (Herbeth Escalante)