Hoy inicia el estudio de las tres iniciativas que forman parte de la segunda etapa para la armonización del marco legal del Estado en materia político electoral.
Mérida, Yuc. 20 de junio de 2014.- “Al iniciar este viernes el análisis en Comisión, las iniciativas se enriquecerán con los planteamientos de las diversas fuerzas políticas”, indicó el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luis Hevia Jiménez, en entrevista después de la Sesión de Pleno, referente a las tres iniciativas que forman parte de la segunda etapa para la armonización del marco legal del Estado en materia político electoral.
Hoy viernes iniciará el estudio en la Comisión de Puntos Constitucionales de estas tres iniciativas que presentó la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal presidida por el Diputado Hevia Jiménez.
El también coordinador de la fracción del PRI explicó que dos de las iniciativas se refieren a nuevas leyes: la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la otra la Ley de los Partidos Políticos; siendo que la tercera iniciativa plantea reformas a diversos ordenamientos en el tema político-electoral.
“En las reformas se contemplan precisiones a mecanismos a desahogar en los procesos electorales venideros, así como la regulación en la integración de los partidos políticos y las sanciones ante violación de los principios rectores en los comicios”, aseveró.
“Estas propuestas de reforma tienen el propósito de homologar el marco legal estatal con los ordenamientos federales y se hacen necesarias a raíz de la reforma electoral estatal que obliga a revisar las leyes particulares en la materia”, abundó.
En la Sesión de Pleno, también se realizó la declaratoria de la Reforma Constitucional estatal en materia electoral; al respecto, Hevia Jiménez recordó que con la aprobación del 50 por ciento más uno de los 106 municipios del estado se cumple el requisito para hacer la declaratoria respectiva; al día de hoy se han recibido las actas de 102 municipios, teniendo los restantes 4 municipios hasta 90 días para responder, como lo indica la Constitución.