Justicia y salud, insensibles con las mujeres

Hay que reabrir casos de feminicidios, y que se acredite la capacidad de los funcionarios que atienden a mujeres víctimas de violencia

Mérida, Yucatán, 15 de septiembre de 2017.–  Al presentar su análisis sobre las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género para Yucatán emitidas por la Federación, activistas e investigadoras coincidieron que existe insensibilidad y poca capacitación en las autoridades de procuración de justicia y salud que atienden a las mujeres víctimas de violencia.

La activista Nancy Walker Olvera señaló que en el estudio realizado por el equipo de expertos durante el proceso de solicitud de la Alerta, se visibiliza la falta de sensibilidad y de conocimiento del personal que atiende este tipo de casos, es decir, no tienen un enfoque con perspectiva de género e interculturalidad.

“Si no se permea esa sensibilidad e información en las instancias legislativas, judiciales y en la sociedad en general, va a ser mucho más difícil implementar las recomendaciones”, agregó.

A una semana de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) entregó ese documento al Gobierno de Yucatán y a las asociaciones civiles, señalaron que es necesario que se realicen esas acciones para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en la entidad.

Con respecto a las 10 recomendaciones, destaca que el Ejecutivo debe implementar un programa de profesionalización a las autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres; y diseñar un modelo único de atención a las féminas víctimas de violencia.

“Por eso se requiere que se elabore un proceso firme que acredite la capacidad de las autoridades en sus puestos, y que no lleguen ahí sólo por compadrazgos”, dijo Nancy Walker.

Otra de las recomendaciones es garantizar la resolución de los feminicidios con perspectiva de género, para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y reparación del daño. Además, revisar la posibilidad de reabrir casos de este delito.

En este punto, Adelaida Salas Salazar indicó que deben reabrirse decenas de casos de feminicidios que no fueron castigados desde el 2014, cuando este delito fue tipificado como grave, pero aún no existía el protocolo de investigación, “porque ha habido sentencias ridículas o mínimas, o no se han detenido a las personas que las mataron (a las víctimas)”.

Otra recomendación es capacitar al personal de salud para que se aplique efectivamente la Norma Mexicana 046, a favor de los derechos reproductivos de las féminas, como por ejemplo, la interrupción legal del embarazo a menores de edad que sufrieron violencia sexual.

“No todo el personal médico y de enfermería está informado adecuadamente, entonces sus creencias personales e incluso religiosas las ponen por delante de su actuación como servidores públicos”, declaró la doctora Ligia Vera Gamboa.

Las defensoras de los derechos humanos indicaron que el Gobierno también tendría que enviar iniciativas de ley –que incluyan cambios al código Penal y Familiar- que realmente garanticen el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y se eleven los castigos a quienes cometan delitos como el abuso sexual o a los funcionarios que cometan violencia institucional.

De igual manera, tienen que contemplar en el presupuesto para el 2018 destinar mayores recursos para los programas y acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Otra de las recomendaciones fue crear una base de datos que permitan monitorear las tendencias de violencia y a su vez generar información estadística y diagnósticos claros sobre este fenómeno, Asimismo, que el Ejecutivo realice investigaciones para comprender la situación actual del estado sobre violencia familiar y sobre embarazos en la niñez y adolescencia.

La académica Gina Villagómez Valdés precisó que el Gobierno del Estado tiene hasta el 22 de septiembre para informar si acepta las 10 recomendaciones de la Conavim, lo que significaría que se comprometen a implementarlas durante seis meses. De no reconocerlas, la Alerta de Género se activaría de forma automática en Yucatán. (Herbeth Escalante)