Activistas aseguran que se registran 13 derrames petroleros al día en el país
México, 24 de agosto de 2014.- México se ha convertido en un país donde reina la impunidad cuando se trata de accidentes ambientales por parte de empresas y que repercuten de manera indirecta o directa a la salud, economía y estilo de vida de las habitantes, coincidieron ambientalistas.
El derrame de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico detectado el 7 de agosto en la mina Buenavista del Cobre, subsidaria del Grupo México, que afectó a regiones cercanas del río Bacanuchi y río Sonora, es el caso más reciente de contaminación y desastre natural que ocurrido en México.
La organización no gubernamental Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) alertaron que hay un problema de incumplimiento de la ley en cuanto a prevención a nivel nacional, así como de implementar las sanciones que compensen el verdadero daño ambiental y social por los desastres que ocurren en el país.
“México ya es el paraíso de la contaminación desde hace muchos años, porque en la legislación ambiental ha habido avances, pero existen muchos huecos, muchos desafíos que se tienen que enfrentar y uno de ellos es precisamente el tema de la prevención”, consideró Raúl Estrada, director de Comunicación de Medios Greenpeace México.
En México existe la Ley de la Responsabilidad Ambiental que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente. Asimismo busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales.
Aunque Greenpeace en su momento, comentó que el Artículo 1o fue redactado de último momento en la Cámara de Diputados. Fue una ley “que tardó mucho tiempo en gestarse y finalmente tuvo muchísimos cambios y muchas reticencias”, aseguró.
Como en muchos otros casos que para el país y las autoridades quedaron atrás, para los sonorenses, el derrame en Cananea, no es asunto de olvido: es el desastre más grande que jamás haya ocurrido en el estado y que hasta ahora tiene consecuencias directas en al menos 22 mil ciudadanos.
Juan José Guerra Abud, Secretario del Medio Ambiente (Semarnat), confirmó la falta de inspección a las minas de Grupo México, propiedataria de Buena Vista del Cobre, y dio a conocer que antes de finalizar agosto se informaría la sanción para la empresa liderada por Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, el tercer hombre más rico de México y el número 79 de todo el mundo.
Grupo México es también el responsable de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, el 19 de febrero del 2006 donde fallecieron 65 trabajadores.
En el 2007, trabajadores de la mina de Cananea (ahora Buenavista del Cobre) denunciaron malas condiciones de trabajo, inseguridad en el lugar y hasta cinco supuestos derrames de químicos por filtraciones en los muros de contención.
Aunque no se conoce la cifra real de la sanción que la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), Margarita Campuzano, directora del CEMDA aseguró que en general hace falta una revisión a la parte de las sanciones en estos casos que inhiba a las empresas a contaminar o a no tomar las medidas por falta de leyes lo suficientemente estrictas o porque no hay una supervisión.
“No compensan el daño ambiental, de salud, social, económico que una tragedia ambiental está ocasionando. Lo que se necesita es revisar esas sanciones que se tienen consideradas en el marco legal para hacerlas mucho más estrictas y que no resulte un costo más benéfico, contaminar que remediar. Que las empresas no digan ‘ah, bueno, contamino porque la multa que tengo que pagar es muy baja’”, consideró Campuzano.
Además que también prevé un código ambiental para todo el país, a nivel federal que tuviera normas y sanciones más caras y más estrictas. “Y ya no dependería de cada estado y si les conviene hacerlo más laxo, para que llegue más inversión a costa de un daño ambiental”, explicó.
Por su parte, el vocero de Greenpeace consideró que las autoridades no actúan con mayor contundencia en estos casos porque existen muchos intereses económicos y políticos para ellos.
“Una de las cosas que ocurre es que estos hechos y sus posibles daños o sus impactos, se tratan de minimizar”, destacó.
Uno de los casos que ha permanecido abierto durante casi 15 años es el de la Minera San Xavier, en Cerro San Pedro, de San Luis Potosí, un área natural protegida, donde se instaló la subsidaria de New Gold, empresa canadiense y que se dedicó a la extracción de oro y plata. Actividad que costó la devastación de San Pedro, la ciudad fundadora del estado.
Greenpeace denunció que la explotación de minerales en esa zona provocó la emisión de cianuro y mercurio que dañaron la salud de la población. Asimismo refirió que existía complicidad entre la empresa y funcionarios del sector ambiental estatal y federal que no permitía el cierre definitivo de la minera.
El cerro de San Pedro desapareció después de la sobreexplotación de recursos y debido a los daños provocados por el uso de explosivos. En marzo de este año la Minera San Xavier SA de CV dio a conocer que comenzará apenas la primera etapa de su cierre gradual hasta principios del 2016 para la restauración de la zona.
Sin embargo, México se ve diario afectado por los constantes derrames petroleros pues ocurren 1.3 derrames por día en el país, según cifras del 2013 de Greenpeace. Tan sólo el último registrado ocurrió el pasado 17 de agosto, es decir a 10 días del incidente de Grupo México, pero este a 15 kilómetros de la refinería de Pemex “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa” en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
El derrame provocó daños al río San Juan y a la presa El Cuchillo, pues ahí desemboca. Tan sólo el 31 de diciembre del 2011, un oleoducto en las instalaciones de Pemex Refinación en Cosolocaque, Veracruz presentó, un derrame de mil 500 barriles que afectó a 3.5 hectáreas cercanas al río Coatzacoalcos. En el 2013, Greenpeace denunció que no había sanciones después de un año y que Pemex, así como la Profepa, seguían sin responder a los daños que se provocó.
Recientemente, la organización internacional ambientalista alertó que con la Reforma Energética el país enfrenta el riesgo de un nuevo derrame petrolero y el desastre ambiental en aguas mexicanas.
La preocupación está latente por las empresas internacionales que podrían intervenir en estas actividades como Exxon o British Petroleum, la última responsable del derrame en el Golfo de México en 2010.
En México, más del 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, según cifras del 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo cual provoca su carencia, a pesar que el acceso al agua sea un derecho constitucional. Según un informe publicado por Greenpeace, los ríos más contaminados son el Atoyac que abarca a Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
El río Lerma, que va del Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Además que las descargas industriales generan 340 por ciento más que las aguas residuales municipales.
Por otro lado también está la responsabilidad de las industrias que generan el 42 por ciento de la contaminación en el aire de fuentes atropogénicas en el que el 34 por ciento es a causa de la combustión industrial de comestibles, seguido por los vehículos automotores con el 17 por ciento y las plantas que generan electricidad con 12 por ciento.
El 8 por ciento corresponde a las fuentes de amoniaco y el 6 por ciento a la manufactura y otros procesos industriales. Según Raúl Estrada, en el país existen muchos confinamientos, basureros industriales, vertidos de sustancias que provocan filtraciones a mantos freáticos.
A lo que alertó que muchas de las empresas que están instaladas en México y tienen sus corredores industriales, “tienen un doble estándar” cuando son empresas internacionales: es decir, que operan con estándares muy rígidos en otras regiones del mundo donde son sancionadas, pero aquí en México no.
El Director de Comunicación de Medios de Greenpeace consideró que en este caso tendría que haber una sanción mucho más fuerte, pero sobre todo con acciones, que sean contundentes, medibles, alcanzables y que realmente repercutan en atender a la población que podría estar afectada.
“De esa misma manera que se analice qué es lo que está ocurriendo con otras regiones con esos mismos impactos que a lo mejor no han tenido una atención pública porque ya se convirtieron en algo cotidiano”, dijo. (Sin Embargo)