Se presentó ante autoridades ambientales, firmada por 52 personas de 21 pueblos mayas
Mérida, Yucatán, 5 de noviembre de 2020.– Los conflictos entre las empresas productoras de cerdos y los pueblos originarios continúan.
Este jueves, diversos colectivos informaron acerca una nueva denuncia de carácter regional en contra de la presencia de granjas porcícolas ubicadas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
La querella colectiva se presentó por cincuenta y dos personas de veintiún pueblos mayas, de la península yucateca, ante las autoridades ambientales federales, con la intención de frenar la construcción, y en su caso obtener desde la cancelación de permisos, hasta la clausura definitiva de instalaciones que no cumplan con la legislación mexicana.
El recurso jurídico se interpuso ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por las serias afectaciones ambientales en el agua de los cenotes en las zonas de influencia de las granjas, con base en el estudio “La carne que consume al plantea”, elaborado por Greenpeace México.
Al respecto, Lourdes Medina Carrillo, del área de defensa jurídica de Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., explicó que la denuncia regional presentada en las oficinas de las dependencias en la Ciudad de México, documenta las graves afectaciones al medio ambiente y sobre todo a las fuentes de agua de las comunidades, con la petición de que se revisen las autorizaciones de operación de las granjas industriales porcícolas, sin descartar la clausura definitiva, porque además no se realizó la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a los pueblos mayas en cuyo territorio se construyeron las granjas denunciadas.
Destacó que esta lucha jurídica forma parte de un conjunto más amplio debido al clima adverso que, en general, enfrentan las comunidades ante el avance de los megaproyectos de las granjas porcícolas.
TEMEN QUE DEN MARCHA ATRÁS
De eso es ejemplo la lucha que ha emprendido desde hace varios años la comunidad de Homún contra la granja de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), empresa de Kekén, que hasta ahora había recibido de la justicia la suspensión definitiva.
Sin embargo, teme que este viernes las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia de trabajo y administrativa en el Estado de Yucatán levanten la suspensión, permitiendo la operación de esta granja con capacidad para criar hasta 49 mil cerdos, lo que vulneraría seriamente los derechos del pueblo maya y en particular de las niñas y los niños de esta comunidad (quienes presentaron la solicitud de amparo original).
ADVIERTEN ABUSO
Además, debido a que las granjas carecen en muchos casos de los requisitos que exige la ley para otorgar los permisos y las Manifestaciones de Impacto Ambiental, se ha observado que las granjas recurren a prácticas como llevar consultas médicas gratuitas a las poblaciones aledañas.
Cuando la gente, obligada por la necesidad, toma las consultas, el personal de las empresas porcícolas le pide a las personas que firmen un documento supuestamente por la atención médica, pero se teme que esas firmas que “documentan” sean utilizadas para acreditar una supuesta consulta a la población, que nunca se realizó.
Ante tales circunstancias, se espera que las autoridades ordenen una revisión minuciosa de la situación en todas estas instalaciones. Desde la forma de adquisición de grandes porciones de tierras, hasta las formas de conseguir sus permisos ambientales.
En la denuncia se pide que las comunidades locales tengan acceso a datos ciertos que les permitan tomar decisiones informadas para asegurar el bienestar de sus poblados y, en el caso de que tras la revisión de la situación de las granjas porcícolas industriales se configuren delitos ambientales, se presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Los organismos que están detrás de la demanda, son Misioneros AC – Guardianes de las Semillas, Greenpeace México, Artículo 17 y Grupo Indignación.
Javier Escalante Rosado