Del fallo de la SCJN de despenalizar el aborto
Mérida, Yucatán, 10 de septiembre de 2021.- Acerca de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización, la Arquidiócesis de Yucatán se suma al posicionamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano reconociendo que las mujeres enfrentan discriminación y violencia, en especial hacia aquellas que son víctimas de actos criminales o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desamparo o abandono.
Sin embargo, los obispos mexicanos manifiestan que la resolución de la Corte realiza un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina “derecho de la mujer a decidir” frente a “la protección constitucional del no nacido”.
La Iglesia mexicana afirma que ninguna mujer debe verse orillada a tomar la decisión de recurrir a la práctica del aborto, situación que en un gran número de casos deja una profunda secuela de dolor y “somos conscientes que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización”.
No obstante, la Iglesia en México reconoce que los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial.
“La lamentamos profundamente que frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos”, señala el comunicado.
Añade que es “delicado que el mismo proyecto aprobado reconoce que no existe referencia constitucional del llamado “derecho de la mujer a decidir”, pero que el sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud y la libertad reproductiva”.
El comunicado compartido por la Arquidiócesis de Yucatán puntualiza que no es admisible que el análisis de estos conceptos lleven a la conclusión de que existe un “derecho fundamental” de la mujer “a decidir” y que éste consiste “en la posibilidad de acceder libremente a un procedimiento de interrupción segura del embarazo”, al amparo de los artículos 1º y 4º Constitucionales.
Finalmente, e episcopado mexicano señala que el debate sostenido en la Suprema Corte debe involucrar a todos los actores políticos, académicos, iglesias y de organizaciones civiles para garantizar la protección de las mujeres que estén o no en gestación, y al mismo tiempo que se respete el derecho humano a la vida, tanto de la madre como del concebido aún no nacido.
Jorge Euán