PRD propondrá regular uso de la marihuana

El diputado Byardo Ojeda Marrufo dijo que hay que dejar a un lado los “atavismos y apasionamientos moralinos”.

Mérida, Yuc. 01 de septiembre de 2014.- En el inicio del  primer período del tercer año del ejercicio constitucional de la LX Legislatura, el Diputado Bayardo Ojeda Marrufo,  emitió su posicionamiento y dio a conocer lo que será la agenda legislativa de la fracción parlamentaria del PRD en este período.

Dijo que es necesario iniciar un amplio debate que contribuya a la creación de instrumentos jurídicos que regulen el uso de la marihuana con un enfoque de salud y de reducción de riesgos y daños, dejando a un lado atavismos y apasionamientos moralinos.

“Es conveniente revisar las normas vinculadas con los horarios para la venta de bebidas alcohólicas con una clara orientación regulatoria y de control que inhiba el clandestinaje en ciudades y zonas turísticas  como Progreso, Valladolid, Mérida y Tizímin” aseguró.

En ese sentido, dijo que conviene desde el Congreso y a partir de normas fiscales que garanticen los ingresos necesarios para el gasto público municipal, ser vigilantes de que estos se orienten verdaderamente al cumplimiento de objetivos planteados con antelación y no se apliquen a acciones electoreras que busquen incidir en el ánimo ciudadano de manera artificiosa.

Lo propio deberá hacerse respecto al Paquete Económico que envíe a esta Legislatura el Ejecutivo Estatal cuya administración inicia el ciclo que concluirá con la mitad de su período de encargo.

Es así, por ejemplo, en el caso de los Ayuntamientos, “que deberemos estar vigilantes de que en relación con los ingresos municipales, estos se vinculen al cumplimiento de metas y objetivos previamente establecidos y particularmente al cumplimiento y pago de compromisos económicos a efecto de que no se hereden ni añejas ni nuevas deudas públicas a las administraciones municipales que serán electas en el proceso electoral de 2015”.

“En el nuevo Presupuesto Estatal de manera cuidados y racional deberemos dotar a las autoridades electorales de los recursos económicos suficientes que garanticen la realización de las elecciones locales en condiciones de plena autonomía e independencia y que garanticen la observancia, de los Principios Rectores de los Procesos Electorales”, concluyó.