Afirman que se ha negado este derecho a los pueblos originarios de Yucatán
Mérida, Yucatán a 11 de octubre de 2020.- En conferencia, el abogado Jorge Fernández Mendiburu, explicó cómo los tres poderes de la nación han obstaculizado el acceso a la justicia y ocultado los reclamos de los pueblos en contra de la construcción del “Tren Maya”, negando sus derechos humanos como comunidades.
Respecto a este acceso, el abogado comentó el deber que el poder judicial tiene de brindar espacios y recursos a las poblaciones para facilitar sus procesos de demanda, sin embargo, este ha sido prácticamente nulo debido a las constantes revocaciones de sus amparos.
Externó la idea de que todo derecho humano debe defenderse desde una óptica de colectivo, ya que el acceso a un ambiente sano, a la consulta y al territorio son cuestiones que atañen a grupos mayores y no puede verse desde una óptica individualista que puede sesgar los procesos legales.
Aseguró, que la información brindada a los pueblos se ha generado a “cuenta gotas” y esto ha sido parte del conjunto de reclamos, la falta de transparencia y acceso a la información, así como la traducción y enfoque inclusivo para brindar datos y leyes en lengua maya para un acceso óptimo de dicha información.
“El megaproyecto del tren maya no es el único reclamo, el hecho de instaurarlo implicaría la llegada de los denominados ‘polos de desarrollo’, estos son complejos habitacionales, plazas comerciales, hoteles, entre otros nuevos proyectos alrededor del tren dirigido específicamente al turismo y sin ningún beneficio a los pueblos”, afirmó.
El abogado, señaló que este proyecto también viola la libre determinación de las comunidades, ya que su construcción se impone y va en contra de la visión de desarrollo que tienen los pueblos.
Aclaró que no se ha hecho, hasta la fecha, un análisis de los impactos y daños al ambiente que tendrá este tren, lo cual quebranta una serie de leyes graves.
“Existe algo que llamamos principio precautorio, mientras no haya certeza sobre los impactos que un proyecto tendrá, entonces esa obra no puede proceder sino se tiene la certeza de que habrá un daño”, comentó.
Además, recalcó que la institución que ha aprobado las concesiones ha sido la Fonatur, cuando legalmente quien tiene la única autorización de aprobar estos procesos es la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es decir, las irregularidades han existido desde el trámite de sus permisos.
Jorge Fernandez, expuso el racismo y obstaculización que impone el poder judicial del estado, quienes en incontables veces han negado este acceso a la justicia, donde se ha visto claro que los tres poderes supremos han buscado no rendir cuentas a las comunidades e ignorar sus demandas.
Por último, externó su preocupación del aumento de un 1000 por ciento de presupuesto en el 2021 para la construcción de este proyecto, alertando de futuros abandonos a otros programas de apoyos y que además quebrantará diversos derechos humanos para los colectivos, la sociedad civil organizada, pueblos originarios y medio ambiente.
Jonatan Hilera