El gobierno de esa entidad dijo que la recién aprobada Ley de Ordenamiento Social será analizada por varias instancias antes de su publicación.
CHETUMAL, 27 de marzo de 2014.- En medio de mensajes y señales contradictorias, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, aseveró que someterán a una “cuidadosa revisión” la Ley de Ordenamiento Social, que pretende regular las marchas en la entidad, recién aprobada por la mayoría priista y partidos aliados en el Congreso local.
En breve comunicado, el consejero jurídico del gobierno estatal, Raúl Labastida Mendoza, en clara respuesta a la inconformidad sobre la iniciativa, apuntó que “la Ley de Ordenamiento Territorial constituye una respuesta a la queja de quienes son afectados en sus derechos ciudadanos al libre tránsito y al disfrute pleno de sus garantías individuales”.
Agrega que cada vez que hay una marcha en la que se bloquea alguna de las principales arterias de la ciudad, la zona hotelera o sus accesos, se afecta a los trabajadores y a los turistas, originándoles gastos
imprevistos y perjuicios en sus planes y programas.
Labastida Mendoza dijo que el objetivo de esta ley es “proteger los derechos ciudadanos sin menoscabar el libre disfrute de los derechos individuales es indispensable para lograr una sana y justa convivencia colectiva”.
Sin embargo, en el mismo documento, se señala que Borge Angulo, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y los asesores jurídicos del Congreso del estado, revisarán cuidadosamente el documento, antes de su publicación en el Diario Oficial.
El mandatario estatal dijo que la intención es que no se violenten garantías consagradas en los artículos 8 y 9 de la Constitución.
Por su parte, Julio César Lara Martínez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, comentó que se estudia con abogados, la posibilidad de promover un amparo o en su caso una acción de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada “ley antimarchas”.
Junco con el diputado Jorge Aguilar Osorio, coincidió en que es una mala copia de la ley que priva en el Distrito Federal, aunque consideró que “ésta no tiene pies ni cabeza”. (El Financiero)