Sin emabrgo, sostienen que prohibir la siembra de dichos cultivos le compete a autoridades federales
Baca, Yucatán, 4 de mayo de 2017.- El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, declaró que el conflicto por los cultivos transgénicos en Yucatán, que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no afecta la relación entre esa dependencia federal y el Gobierno del Estado.
Pero enfatizó que la Federación presentó la controversia constitucional -en contra del Decreto 418 que plantea a Yucatán como zona libre de transgénicos-, porque prohibir o autorizar esos cultivos es facultad federal, en específico de la Sagarpa.
Señaló que esa decisión del Gobierno Estatal es una “expresión regional muy valiosa y responsable de lo que opina su gente”, y que él mismo se lo ha reconocido al gobernador Rolando Zapata Bello.
Pero, recalcó el secretario, en la constitución se confieren facultades tanto al Ejecutivo estatal como a la Federación, “y ahí no hay puntos de discusión”.
Dijo que se acatarán las instrucciones que emita la SCJN en cuanto al conflicto entre ambas partes, y enfatizó que lo que se impugnó fue lo relacionado a la facultad de quién da los permisos de los cultivos, no la decisión del gobierno de Yucatán de declarar el territorio como zona libre de transgénicos.
A pregunta expresa, Calzada Rovirosa sostuvo que la relación entre la Sagarpa y el Gobierno del Estado no se complica tras este conflicto legal, por el contrario, reconoció, simpatiza con lo que hace Zapata Bello en este tema.
“Yo, como ex gobernador, me declaro como una persona que ve por los intereses de la entidad, de lo que exprese la gente de su estado. Pero en la constitución hay facultades conferidas, y ahí no hay puntos de discusión”, agregó.
Al abundar sobre la controversia de estos cultivos a nivel general, declaró que van a respetar íntegramente lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las instrucciones que vienen de la Corte.
“Antes de autorizar se tienen que hacer consultas públicas a los pueblos indígenas, entonces, una vez que finalice ese procedimiento se toman las decisiones que faculta la ley (de Bioseguridad)”, indicó al reconocer y lamentar que en Campeche se entregaron permisos sin hacer ese ejercicio.
Dijo que lo importante es saber la decisión de los habitantes de las comunidades indígenas en cuanto a los cultivos genéticamente modificados, entonces, la Sagarpa emitirá o negará los permisos. (Herbeth Escalante)